El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó ayer que su partido ya ha «aportado las pruebas» que demuestran que ha sido víctima de escuchas, y que ahora corresponde a la policía y la Fiscalía «buscar las pruebas» que demuestren quién lo ha hecho. Sin embargo, el dirigente del PP se ha preguntado si la Fiscalía y la policía han recibido orden de no investigar el caso.
González Pons dijo que la prueba de que ha habido escuchas son los medios de comunicación «trufados de conversaciones telefónicas extrasumariales, o de un sumario pero descartadas por el juez, o completamente irrelevantes a efectos sumariales».
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, frenó el revuelo causado por sus acusaciones directas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre las escuchas ilegales, rectificándolas y asegurando que nunca quiso decir que «las escuchas fueran ordenadas por Rubalcaba» sino que siempre «han ido dirigidas al PP» y desde el mismo medio de comunicación.
González Pons aseguró que como parte de su denuncia por «interceptación del secreto de las comunicaciones» presentada ante los tribunales "la que presentó el responsable de Justicia, Federico Trillo, en julio" se han incluido dos conversaciones del presidente valenciano Francisco Camps, porque «una de ellas forma parte de un sumario y la otra no».
Según dijo, esta conversación «a lo mejor fue legalmente grabada», pero añadió que «legalmente debió ser destruida» y, en su lugar, fue «ilegalmente conservada» y filtrada a un medio de comunicación. «Y eso es tan grave como grabar ilegalmente», remachó.
El vicesecretario de Comunicación de los populares pidió asimismo que se investigue cómo llegó la conversación al medio de comunicación que la publicó, aunque quiso dejar claro que no hacía responsable del asunto al diario.
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