Condenados tres constructores a tres años de prisión y multa de 4,4 millones de euros

El juez considera probado que los acusados constituyeron sociedades de forma sucesiva ante el impago y posterior inicio del proceso de apremio por parte de la Seguridad Social y del resto de acreedores. Según indica la sentencia, las nuevas sociedades asumían la actividad y los trabajadores de la anterior, así como los bienes muebles, industriales y los derechos de crédito por las obras ya ejecutadas, por lo que las sociedades deudoras quedaban totalmente descapitalizadas en una situación de insolvencia.

De esta manera, según considera el juez, los empresarios condenados seguían obteniendo beneficios por las obras realizadas sin abonar los créditos a sus acreedores ni las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores, pese a que les efectuaban las retenciones correspondientes.

Esta situación, incluso, provocó la quiebra de una de sus empresas ante el Juzgado número de 10 de Palma, que fue declarada por auto del 31 de julio de 2002.

Cuatro empresas sucesivas
La sentencia indica que los tres empresarios constituyeron de forma sucesiva al menos cuatro sociedades mercantiles entre los años 1996 y 2002, con un número aproximado de 100 empleados de forma continua y una facturación comprobada de al menos 3 millones de euros.

Los tres acusados, que tienen la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, se intercambiaban en los cargos directivos en esas sociedades.

Sedes en Palma y Alicante
Dos de las sociedades tenían sede en Palma, en la Plaça Major, mientras que la primera tenía su domicilio social en Castalla (Alicante). Una de las empresas mallorquinas adquirió otra sociedad, también para eludir pagos.

Indemnizaciones
Los tres empresarios condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Seguridad Social con 4.227.574 euros más intereses de demora. También deberán pagar a una empresa acreedora 2.180 euros más intereses.

Absueltos
El Juzgado de lo Penal 2 de Palma ha absuelto a los acusados de los delitos de societario y contra los derechos de los trabajadores y a uno de ellos del delito de falsedad. Existe un cuarto acusado que ha sido absuelto de todos los cargos.

Insolvencia
El juez ha condenado a los acusados por un delito de alzamiento de bienes, que consiste en una actuación sobre los propios bienes destinada mediante su ocultación a mostrarse insolventes con el objetivo de no pagar a sus acreedores.

Posibilidad de recurso
Los tres empresarios condenados tienen la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, ya que la sentencia del Juzgado de lo Penal no es firme. La sentencia se notificó a principios la semana pasada.