Torres Blasco17/05/06 0:00
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Las medidas de excepción, incluidas las repatriaciones, el control de fronteras y la utilización de satélites, barcos y aviones, tomadas por el Gobierno central ante la constante llegada de inmigrantes indocumentados a Canarias, se convirtieron ayer en la principal munición del Govern balear para rebatir las acusaciones de la oposición sobre la falta de política de la Administración autonómica (del PP) para hacer frente a las necesidades de la población inmigrante. Tanto la consellera de Immigració, Encarnación Pastor, como la vicepresidenta del Ejecutivo, Rosa Estaràs, se agarraron como a un clavo ardiendo a las medidas acordadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estaràs, incluso, afirmó que la Ley de Extranjería de la época de Aznar era la principal garantía para combatir los flujos de inmigración ilegal.

La política de inmigración centró la mayor parte de la sesión plenaria que celebró la Cámara. Aina Rado (PSIB-PSOE) interrogó en dos ocasiones al Govern sobre este asunto en el turno de preguntas y, luego, defendió una moción por la que se instaba al Govern a adoptar nueve medidas concretas. La moción incluía una declaración del Parlament «lamentando el escaso interés y poca concreción de las políticas de la Conselleria d'Immigració i Cooperació». La moción fue apoyada por el PSM y EU-Els Verd. UM no se pronunció ni votó (ningún representante de dicha formación estuvo presente en el debate ni en la votación) y fue rechazada con los votos del PP.

Durante la sesión, la vicepresidenta Rosa Estaràs aseguró que el Ejecutivo quiere gestionar los permisos de trabajo y residencia para inmigrantes (competencia estatal) y afirmó que la reforma del Estatut, que ahora se tramita, recogerá esta aspiración. Antes, la socialista Rado había acusado a la consellera Pastor de carecer de una política sobre inmigración y de prometer «papeles para todos» a los colectivos inmigrantes. Le acusó de mentirles y ocultar que fue la política de Aznar la que «ha conducido a esta situación». Pastor indicó que es el actual Ejecutivo central el que ha provocado el aumento de la inmigración irregular desarrollando «políticas de espaldas a la Unión Europea» y a los ayuntamientos. Añadió que había generado un «efecto llamada» con su proceso de regularización y facilitando que las mafias que introducen ilegalmente a extranjeros se muevan «como pez en el agua».