El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sufrió ayer un
nuevo revés al declarar el Tribunal Constitucional que la polémica
ley de inmigración, aprobada por su Gobierno, es parcialmente
inconstitucional.
En plenas negociaciones para solventar la crisis abierta en el
seno de su coalición, Berlusconi se ha encontrado con otra negativa
del Alto Tribunal, que en enero pasado ya declaró ilegal la
normativa que le concedía inmunidad penal durante su mandato.
La decisión del Constitucional se centra en dos artículos de la
ley de inmigración apadrinada por los dos principales aliados del
Cavaliere, el líder de Alianza Nacional, Gianfranco Fini, y el de
la Liga Norte, Umberto Bossi.
Los magistrados consideran contrario a la ley que un inmigrante
pueda ser expulsado, tras comparecer ante un juez, sin garantías de
defensa, y que deba ser arrestado de forma obligatoria si viola la
orden de abandonar Italia en cinco días.
El fallo señala que el arresto obligatorio viola los artículos 3
y 13 de la Carta Magna italiana, que sancionan, respectivamente, la
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la excepcionalidad
de la adopción de medidas de privación de libertad.
La ley Bossi-Fini, que la oposición recurrió al Constitucional
tras calificarla de «racista», impone severas restricciones al
acceso de extranjeros a Italia, al establecer que sólo pueden
entrar en el país los «sin papeles» que previamente tengan un
contrato de trabajo por su exclusivo período de vigencia.
Paralelamente, fija por primera vez penas de cárcel para los que
sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente, al crearse el
delito específico de «inmigración clandestina». El texto introduce
la toma de huellas digitales a todos los inmigrantes ajenos a la UE
que pidan permiso de residencia.
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