Juan Mestre
Los pensionistas cobrarán una paga extra de entre 10.500 y 31.500 pesetas
El Govern presentó ayer su propuesta para aumentar las pensiones no contributivas en Balears, que supondrá hasta 31.500 pesetas en una sola paga a 7.998 personas de las Islas. El resto de pensionistas cobrará entre 10.500 y 28.000 pesetas en el mes de diciembre.
Los ecologistas critican al Govern por no prever el cierre de Son Reus
El nuevo plan de residuos de Mallorca, que no contempla el cierre de la incineradora, fue criticado ayer por el GOB, quien lamenta la decisión de la Conselleria de Medi Ambient, dirigida por la «verde» Margalida Rosselló, de no incluir la clausura de Son Reus para esta legislatura.
El plan de residuos de Mallorca no prevé el cierre de los hornos de la incineradora
La incineradora de Son Reus seguirá funcionando a pleno rendimiento al menos hasta el año 2004. A partir de ese año, y siempre en función del resultado de los tratamientos de residuos alternativos, se estudiará si se puede cerrar una planta de Son Reus. En cualquier caso, el plan de residuos no lo contempla.
Los fallos de la ley urbanística fuerzan al Govern a acelerar la reforma de las DOT
El Govern se verá obligado a «blindar» la nueva ley urbanística, aprobada por el Parlament el martes, con la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio. Antich asume que la disposición transitoria de la ley, criticada por prestigiosos juristas, tiene «varias interpretaciones».
La ecotasa turística deja en evidencia la falta de coordinación del Govern
El Govern ha cambiado de opinión respecto a la ecotasa turística en un plazo de 24 horas. El jueves el conseller de Turisme, Celestí Alomar, dijo que la tasa ya no era la primera opción del Govern. Antich desautorizó ayer a su conseller y aseguró que el Govern no ha descartado el impuesto.
UM fuerza al Govern de Antich a retirar su primer proyecto de ley
El Govern ha tenido que retirar del Parlament el primer proyecto de ley que aprobó. El Ejecutivo justificó que se retiraba porque se trata de una ley de lectura única, pero la realidad es que la decisión estuvo forzada por Maria Antònia Munar, que amenazó con no votarla.
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