Imagen de las sesiones del juicio por la ‘operación Dragone’, que se celebra en Palma. g Foto: A. SEPÚLVEDA | Alejandro Sepúlveda

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La Audiencia exige puntualidad británica. En el juicio por la ‘operación Kabul' llegar tarde a una sesión les costó a dos acusados 200 euros de multa. Ayer el asunto se puso más peliagudo para tres italianos que se presentaron con 35 minutos de retraso a las sesiones del juicio por la ‘operación Dragone', en el que una veintena de personas responden por traficar con pastillas en Eivissa.

A la hora prevista para el inicio de la vista -las 9.30 de la mañana- faltaban tres de los encausados. Ante la posibilidad de que no fueran a comparecer, el fiscal reclamó para ellos medidas cautelares. La sala accedió y ordenó que ingresaran en prisión al menos hasta que terminaran las sesiones del juicio oral, que se prevé que termine el viernes de esta semana. Tras esta decisión se inició el juicio con normalidad con la testifical del comandante de la Guardia Civil que dirigió la investigación.

Coche

Durante esta declaración llegaron los tres acusados. La presidenta de la Sección Primera, Francisca Ramis, interrumpió el juicio y preguntó a los acusados el motivo de su retraso. Uno de ellos esbozó una excusa: «Es que no nos arrancaba el coche». La réplica fue demoledora: «Pues les informo que se ha decretado su ingreso en prisión provisional». Los tres aludidos se quedaron en blanco.

En la sesión de la tarde los acusados se disculparon formalmente ante el tribunal por lo ocurrido, pero no fue hasta el final de la vista cuando se decidió eliminar la amenaza de ingreso en prisión provisional que había pesado sobre ellos durante todo el día.

A lo largo de las sesiones de ayer comparecieron los agentes de la Guardia Civil que destaparon la trama de tráfico de drogas. Sobre todo, los agentes tuvieron que salir al paso de las preguntas de las defensas que cuestionan si había suficientes indicios para pinchar los teléfonos de los acusados. El comandante Bartolomé del Amor explicó que recibieron una información confidencial que apuntaba a que un grupo de italianos vinculados con la Camorra napolitana se habían afincado en Eivissa para vender MDMA. A partir de ahí se realizaron una serie de seguimientos del supuesto cabecilla. Los agentes vieron cómo no tenía ningún trabajo conocido pero que manejaba coches caros y frecuentaba locales nocturnos de la Isla de forma asidua. Además, a través de Interpol se contactó con la policía italiana que desveló el gran número de antecedentes policiales que tenían. De hecho, el teniente que declaró señaló que en Italia se sorprendieron porque estuviera en la Isla. Con estos datos se puso en marcha la operación en base a las escuchas telefónicas.

El comandante señaló que después de demostrar la relación entre los acusados, en los registros se encontraron grandes cantidades de pastillas, hasta 2.000 en una vivienda. «Eso no era para consumo propio», ironizó.