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El Consell de Mallorca, encabezado por el popular Llorenç Galmés, protagoniza sonoros esfuerzos para hacerse con la titularidad del degradado Castell d’Alaró. Para ello mueve ficha junto al Ayuntamiento para forzar al Ministerio de Cultura a cederle este incuestionable símbolo de la identidad histórica mallorquina. Bienvenido sea el esfuerzo de Galmés, siempre que se convierta en un intento serio y sólido de preservar, potenciar y enaltecer la idiosincrasia de su propio pueblo. En aquel castillo se batieron Cabrit i Bassa hace siglos, en defensa de la libertad y la dignidad. Y lo pagaron muy caro. Tan caro como otras generaciones de mallorquines, que plantaron cara al poder reaccionario establecido, desde Joanot Colom y las Germanies a los miles de republicanos fusilados el siglo pasado como consecuencia de un golpe de Estado fascista. Es positivo que Galmés reclame este castillo-emblema, pero es preciso que tenga muy claro lo que reclama. Porque el actual PP balear padece un servil sometimiento a Vox que a veces produce sonrojo y vergüenza. En la actualidad, este partido genuflexo ante los ultramontanos ha emprendido la negra senda dirigida a cargarse la normativa que defiende la memoria democrática, perseguida en aquellos terribles años treinta hegemonizados por Hitler, Mussolini y Franco. ¿Para qué quiere Galmés controlar el símbolo de Alaró? ¿Para potenciar su legado de libertad e independencia o para, en el último momento, plegarse a los caprichos de Vox y dejar levantar allá arriba, por ejemplo, un monumento dedicado a la División Azul? Por lo visto hasta ahora, de estos peperos puede esperarse cualquier desaguisado. Al PP que dirigía Gabriel Cañellas no le acontecía tanto esperpento. Mantenía a la extrema derecha bien guardada en un redil de su propio partido. En la actualidad, la memoria está en peligro.