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Política fiscal y política monetaria se deben imbricar para hacer frente a los importantes desafíos económicos actuales: el cambio climático, la cuestión demográfica y la automatización gradual de la producción. Una vía de trabajo la ha propuesto Mariana Mazzucato: la perspectiva de lo que denomina «misiones» económicas. Estas misiones se sustentan sobre tres pilares básicos:

1. Información fluida, identificar la información más relevante, asegurarse de que pueda desarrollar el proyecto la gente más preparada.
2. Liderazgo, asunción de riesgos y adaptación; importancia de la captación de talento.
3. Coordinación de políticas de distintos campos, para encontrar sinergias.

Esta trilogía es contraria a lo que Mazzucato denomina «paradoja de la complejidad»: cuanto más complejos son los asuntos de una política, más se compartimenta su elaboración y se divide entre diferentes departamentos, que llegan a competir entre sí. Además, esto puede producir una tentación por parte de los gobernantes: externalizar procesos que podrían ser asumidos, a costes más ajustados, por las propias administraciones. El miedo a la toma de decisiones, el temor al fracaso, a caer con estrépito en algunos temas, hace rehuir del compromiso público y traspasar la responsabilidad a consultoras privadas. Éstas tarifan con precios a menudo mucho más elevados. Se escudan en vender mayores eficiencias que no siempre se cumplen: por ejemplo la privatización de los servicios ferroviarios en Gran Bretaña, un fracaso sin paliativos que obligó a renacionalizar la empresa, tras encarecimientos de tarifas, incumplimiento horario y falta de inversiones en mantenimientos; o los primeros pasos en la gestión de la COVID-19 en Estados Unidos y Gran Bretaña, con fracasos monumentales que se vieron en la mayor incidencia de contagios, por la obsesión en externalizar procedimientos sanitarios. Y a costes tremendos para el erario público. Las misiones deben formar parte de un consenso social: he aquí un gran objetivo de carácter socioeconómico.

Se necesita este enfoque, esta gobernanza, que infiere asociaciones entre el sector público y el privado, cuyo objetivo sea resolver los problemas acuciantes de la sociedad. Las políticas deben recuperar el propósito público, es decir, generar beneficios para la ciudadanía y establecer objetivos que superen la estricta lógica de la ganancia crematística. Se debe catalizar la inversión, la innovación y la colaboración entre los agentes económicos. No implica escoger sectores individuales a los que ayudar; se deben identificar problemas que puedan canalizar colaboraciones entre muchos sectores distintos. Tenemos esto ya encima: los desafíos inherentes al Next Generation. Y aquí hay otro reto intelectual para la economía: no se trata solo de corregir mercados, sino de crearlos. Ante esto, se necesita un sector privado con el que pueda interactuar el gobierno. Esto afecta también a la sociedad civil: creación de valor, entendido como esfuerzo colectivo.