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El conseller y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, se ha estrenado con propuestas fiscales de calado. Costa, a quien respeto como compañero universitario, ha realizado en los últimos años declaraciones harto criticables. Así, la remisión recurrente a 2011, señalando el estado de unas cuentas fuertemente dañadas, pero orillando la vertiginosa caída de los ingresos –mil millones de euros, en aquellos años–, no puede ser siempre el comodín de contraste para alguien que quiere dar seriedad a sus mensajes. En paralelo, su propuesta fiscal chirría en el marco de la economía científica. Y cuando digo esto me refiero a que las publicaciones académicas más rigurosas no aseguran nada de lo que predice el conseller en su apuesta fiscal.

Porque la pregunta que debe hacerse el responsable de las finanzas es qué volumen de ingresos dejará de recaudar con sus medidas, por una razón poderosa: esa contracción va a afectar el capítulo de gastos. El cuadre presupuestario. Veamos. En primer lugar, se propone una reforma del IRPF en tramo autonómico. En tal sentido, el ahorro fiscal para quienes estén afectados por esta decisión oscilaría entre los 4,35 y 20 euros al mes, según el nivel de declaración (rentas que van desde los 16.000 hasta los 60.000 euros). El mismo partido al que pertenece Costa ha indicado que el ahorro para una persona con renta de 30.000 euros y dos hijos, sería de 9,41 euros mensuales. Pírrico corolario. Pero el sumatorio total puede ser: dejar de recaudar cerca de 40 millones de euros/año para la hacienda autonómica. Sigamos. En segundo término, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y las rebajas en el de transmisiones patrimoniales puede inferir –según el propio Govern– dejar de percibir 75 millones de euros. Quizás esta cifra sea superior; pero le compro el dato. Estamos hablando, por tanto –siendo muy cautelosos y prudentes– de una pérdida directa de ingresos del orden de unos 115 millones de euros anuales. Mínimo.

Esta cifra es importante. E impone ajustes/recortes en los gastos. La confianza del conseller: mantener el crecimiento económico –que todos los organismos predicen que se ralentizará en el segundo semestre del año–, de un lado; y que, tal vez, habrá personas que querrán declarar impuestos en Balears, de manera que, explica el político, esto va a compensar los ingresos que se van a ir por el desagüe. El modelo de Madrid se expande. No es convincente, y dificulta el cálculo de los ingresos en la elaboración del presupuesto. Máxime cuando organismos poco sospechosos, como la Airef, el FMI, la Comisión Europea y el propio BCE, recomiendan a los gobiernos no bajar impuestos en la coyuntura actual, habida cuenta que –atención–, se están discutiendo las nuevas reglas fiscales en Bruselas. Hacerlo va a tener consecuencias evidentes: recortes o congelación en determinadas partidas. Sota, caballo y rey.

Imagino que el conseller estará elaborando ya las cuentas del ejercicio 2024. Solo así podría explicarse que se haya metido en este conglomerado de tribulaciones antes de hora, cuando no se tiene presente –que sepamos– cuál va a ser el techo de gasto para el próximo año.