Estos días, cientos de cargos de las instituciones públicas de Baleares hacen sus maletas para marcharse a casa. Son políticos o asesores nombrados con un sesgo político que aconseja su retirada una vez hay cambio de gobierno. También hay casos en los que, violentando el espíritu de la ley, hablamos de simples empleados del partido premiados con un cargo tras tanta entrega a la causa. En la puerta de los despachos, otros cargos, ahora simpatizantes de la derecha, esperan para ocupar la mesa e imprimir las tarjetas de visita. Los derrotados dejan paso a los ganadores.
La Ley de Incompatibilidades de Baleares, de 1996, es la que regula y ordena qué pueden y qué no pueden hacer ahora los cargos salientes. Es la ley que introduce una injustificable discriminación entre quienes retornan a la vida privada. Por un lado, los asesores y políticos que son funcionarios de carrera podrán regresar tranquilamente a los cargos que ocupaban antes, sin afección alguna en sus nóminas ni en sus funciones, incluso en el supuesto de que trabajen en la misma área en la que tenían el cargo político. Para estos la ley no sospecha que pueda haber incompatibilidades ni tráfico de influencias. De estos funcionarios, los honestos no pondrán palos en las ruedas del nuevo Govern, pero algunos siempre hay que desde su puesto inamovible se van a dedicar impunemente a crear problemas. En el otro extremo, los políticos y asesores que no son funcionarios, que han de regresar a la vida privada, serán tratados como si fueran delincuentes. La ridícula ley en vigor dice que no podrán trabajar en nada relacionado con su antigua función en el Govern. O sea que si en el Govern estuvieron en un área de la que sí sabían, ahora la ley les dice que durante dos años se busquen la vida como puedan, sin compensación alguna, sin poder trabajar en lo que saben.
Nadie, absolutamente nadie, controla qué hace este personal, por lo que los fraudes están a la orden del día, poniendo en evidencia el absurdo de una regulación que no prevé mecanismos de vigilancia. Sin embargo, lo fundamental es que si estas personas no pueden trabajar en lo que saben, si no tienen retribución pública, ¿de qué van a vivir?
Unos, privilegiados, no tienen que temer nada; otros, sospechosos de tener oscuros intereses, han de buscarse la vida como puedan durante dos años tras dejar el sector público. En realidad, tratándose de una ley exclusivamente balear, esto revela algo peor: la incapacidad de nuestro Parlament para tomar decisiones justas e informadas que no sean un simple titular de prensa sino que resuelvan sin discriminaciones tan escandalosas la cuestión de las incompatibilidades de quienes han ocupado cargos públicos.
Esta injusticia no hace más que aumentar la dificultad de la política para incorporar profesionales del sector privado, auténtico problema de nuestras instituciones. Si la política de por sí está muy desprestigiada, estos requisitos no hacen más que añadir obstáculos sin resolver el asunto de fondo.
Al final, quien paga los efectos de estas normas es la calidad de la política. ¿Para qué dedicarse unos años a la política, si todo serán problemas?
5 comentarios
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AngelcaídoEl resto llevamos 8 años oyéndole lloriquear por estos foros...
El CALVARIO es leer todos los días un LLORIQUEO CONTINUADO..de personas que no valoran bien lo que supone ser un demócrata. Críticas? CLARO QUE SI …cuando haya motivos.
No, guapo, en la empresa privada te contratan para trabajar.
Potser s'hauria de revisar les condicions laborals del sector privat. Si una empresa no pot donar qualitat als treballadors, millor que s'ho repensi
Estoy disfrutando. Pero de verdad.