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Es posible que no necesite que se lo explique. Muy probablemente esta es su situación o la conoce porque es la de alguno de sus vecinos o la de cualquiera de sus familiares. La mitad de los ciudadanos de las Baleares no llega a final de mes y uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza. Si bien antes de la pandemia nos hallábamos entre las comunidades con las rentas más altas, el parón económico de 2020 no hizo sino empeorar la situación de quienes aún no habían logrado superar la crisis anterior, al tiempo que muchas familias, por primera vez y de manera inesperada, pasaban a engrosar las «colas del hambre».

Recuperada en alguna medida la actividad económica, nos encontramos sin embargo este enero con una inflación del 7’4% y una tarifa de la luz desbocada. Y por si eso no bastaba, la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias económicas que ha reportado nos han llevado a acabar el mes de marzo con un 10% de inflación y, con ello, a una situación insostenible tanto para las familias como para las empresas y los autónomos. Sabiendo que casi la mitad de lo que pagamos en carburantes son impuestos, la demanda más repetida ha sido la de una bajada –siquiera puntual– de los mismos. Y no sólo los de los combustibles, sino la del resto de gravámenes que afectan tanto a ricos como a pobres, especialmente el IVA cuyo porcentaje, en algunos productos esenciales, es un auténtico robo.

La respuesta del Gobierno central ha sido una negativa justificada en un argumento tramposo. La misma que ha dado el Gobierno presidido por Francina Armengol. Y eso que en Baleares soportamos la mayor presión fiscal de toda España y que, indudablemente, su margen de maniobra para reducir nuestra asfixia es mayor que la de otros territorios. La justificación de los dos gobiernos (e incluso de los sindicatos) ha sido tachar a quienes proponen una bajada de impuestos, de irresponsables. Porque sí, ciertamente sin el dinero que se recauda, no sería posible tener unos servicios públicos de calidad y algunos tan sensibles como la Sanidad y la Educación, acabarían resintiéndose. Pero tanto los voceros de la izquierda como los ciudadanos sabemos que, si bien eso es cierto, también lo es que una gran parte del dinero público se pierde en gasto superfluo, particularmente en mantener una red clientelar cada vez mayor.

Desde el 2014 en que llegó al poder, Armengol ha aumentado en 650 millones el gasto en personal, y el número de altos cargos y asesores (sin contar las empresas públicas), sólo en su Ejecutivo, llega a 220, sin que ello nos haya supuesto, en ningún caso, una mejora en la atención a los ciudadanos. Y eso es sólo la punta del iceberg. Por otro lado, mientras más se empobrecen las familias de Baleares, más aumentan los ingresos tributarios de las arcas autonómicas. Es decir, cuanto más se vacía su bolsillo, más se llena el de la hacienda balear.

Se nos han pedido sacrificios y los hemos hecho. Ahora los seguimos haciendo porque no nos queda más remedio. Creo que ya va siendo hora de que ese tripartito insaciable que nos gobierna, empiece a predicar con el ejemplo. La voracidad recaudatoria del Ejecutivo de Armengol aumenta a la par que su gasto innecesario. Y mientras tanto, el peso de la crisis recae en exclusiva sobre la gente corriente.
Eso ni es justo, ni se puede sostener mucho más. Al Govern se le está acabando el tiempo y a nosotros, la paciencia.