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En este país tenemos uno de los corpus legislativos socialmente más avanzados del mundo, fruto de sucesivos gobiernos y mayorías parlamentarias progresistas, con leyes punteras y que garantizan derechos como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace unos meses que el Gobierno de Coalición ha aprobado la ley de la Eutanasia, y en breve se tramitarán normas como la Ley Trans o la Ley del Solo Sí es Sí. En este país también tenemos un Tribunal Superior de Justicia de Balears que dicta proteger el monumento franquista de sa Feixina, un Consejo General del Poder Judicial que informa desfavorablemente sobre la Ley de Memoria Democrática por proponer ilegalizar la fundación fascista Francisco Franco, o un Tribunal Supremo informando en contra los indultos del ‘procés’, cuando estuvo entusiasmado cuando se le concedieron al golpista Tejero o al terrorista Barrionuevo . ¿Por qué gran parte de nuestra justicia está tan escorada a la extrema derecha?

En este país la justicia no hizo la Transición, lo que pasó es que varias generaciones de jueces se fueron a dormir trabajando en una dictadura que colaboró con la Alemania nazi, y se levantaron por la mañana demócratas de toda la vida. Y así hemos ido sobreviviendo, con algunas luces y muchas sombras, con una justicia que en el siglo XXI, por ejemplo, pisotea y arrastra por el barro una y otra vez los derechos de las víctimas del franquismo. Nuestro Estado de derecho deja bastante que desear, y tiene mucho margen de mejora. Existe un sector de nuestra sociedad que no percibe este problemón, tal vez demasiado cercanos a los vocingleros que agitan banderitas y se dan golpes en el pecho, embebidos en ese espíritu de Don Pelayo que les impulsa a defender un par de símbolos y conceptos simples con el fanatismo de un oficial de la División Azul en Krasny Bor matando bolcheviques junto a las SS.

Y ahora resulta que los jueces españoles andan indignados porque el Consejo de Europa ha emitido un informe en el que se pone a la Justicia patria a la altura del betún, principalmente por los juicios a los líderes independentistas catalanes, y esto ha puesto nervioso a más de un togado, lo que ha acabado con diversas asociaciones de jueces pidiendo al Gobierno que les ampare porque en Europa les dicen cosas feas. Pero es que desde Europa la cosa no se ve igual. Allí hicieron la transición en 1945, por las malas, y determinados tics autoritarios, las venganzas con forma de sentencia o la defensa a ultranza de la unidad nacional por encima de la búsqueda de la justicia, no están bien vistos. En ese contexto no vale para nada taparlo todo con un capote rojigualdo, no se despistan con trapos como un toro de lidia. De hecho, ni les gustan los toros. Desde allí se nos ven las costuras. Esa gente al norte de los Pirineos tiene tribunales internacionales desde hace 70 años, y tribunales de Derechos Humanos desde hace 65, cuando aquí aún se estaba en plena dictadura torturando y asesinando activistas políticos en las cárceles a garrote vil. En cuanto a tradición de justicia democrática, en Europa nos dan un repaso, y aquí eso de la autocrítica se entiende como una derrota, como la asunción de un fracaso, jamás se asume. Pedirle a nuestra judicatura que haga autocrítica sería como pedirle que abandere el antifascismo. A día de hoy, es una quimera.

Lo cierto es que tenemos un Poder Judicial desprestigiado, ante Europa y ante gran parte de nuestra sociedad, y la mejor manera de frenar ese desprestigio sería reformando la Justicia española de arriba a abajo. Una reforma integral que incluya, tal y como pedimos desde Podemos, el fin de los bloqueos políticos y los chanchullos en la elección de sus cúpulas, y también formación, mucha formación sobre Memoria Democrática, sobre plurinacionalidad, sobre Derechos Humanos y sobre profundización democrática.

Necesitamos un Poder Judicial más democratizado y moderno para acompañar y garantizar las libertades de las que disfruta una de las sociedades más avanzadas del planeta.