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Dos formaciones políticas, Unidas Podemos y Més per Menorca, han presentado enmiendas al proyecto de ley de educación elaborado por el Govern en el sentido de suprimir cualquier referencia religiosa en las aulas. Son propuestas que suponen apartar a la Iglesia católica del mundo de la enseñanza. Cabe recordar que en Baleares alrededor de un 40 por ciento de los centros escolares están concertados por la Conselleria d’Educació. La inmensa mayoría están vinculados a órdenes religiosas, a cuyas aulas acuden en torno a cincuenta mil alumnos. Las modificaciones que se quieren introducir –a falta del correspondiente debate en el Parlament– supondrían un importante cambio en el esquema del sistema educativo en las Islas.

Incomodidad del obispo.

En este contexto toman especial relevancia las palabras del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en la homilía pronunciada con motivo de la fiesta del patrón de Palma. La Iglesia católica no oculta su inquietud por las trabas que percibe para desarrollar su función evangélica en las aulas, más cuando ésta tiene el amparo de la Constitución en sus artículos 16 y 27, sobre la libertad culto y enseñanza. No cabe duda de que el concierto educativo exige el cumplimiento de determinadas normas y preceptos en los centros, pero no parece aceptable que invadan cuestiones relacionadas con su ideario –religioso o no–; siempre y cuando éste no vulnere preceptos constitucionales.

Gestualidad política.

Otros grupos políticos, como el PSIB o Més per Mallorca, no ocultan sus dudas ante la viabilidad de las enmiendas de quienes son sus socios parlamentarios. El marco constitucional vigente, además de los acuerdos con la Santa Sede, no parecen dar mucho recorrido a las iniciativas de Unidas Podemos y Més per Menorca, más allá de ser gestos con los que contentar las aspiraciones del sector más radical de su electorado.