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Justa, necesaria y urgente. Sólo así cabe calificar la ley que prepara el Consell de Mallorca que preside Catalina Cladera. La declaración, hace ahora diez años, de la Serra de Tramuntana como patrimonio mundial de la Unesco constituyó un hito político, medioambiental e incluso histórico. Pero tras una década, tal dictamen no ha reportado un mayor grado de protección al conjunto de la cordillera. Más allá de acciones de carácter cosmético o informativo, los dos gobiernos que precedieron al de Cladera poco hicieron desde el punto de vista legal para poner a salvo los activos, peculiaridades y atractivos que hicieron posible la calificación de la Serra como patrimonio mundial.

Elementos únicos.

Diez años después, urge contar con un marco legislativo ‘ad hoc’ que blinde y garantice la perdurabilidad del patrimonio etnológico y cultural que en su día procuraron el reconocimiento y que, conviene recordarlo, no es irreversible. Nadie discute que cada uno de los municipios de Tramuntana cuenta con planes urbanísticos que, sin duda, han contribuido a mantener el pintoresquismo y encanto milenario de la comarca; tampoco que el Govern y el Consell disponen de una normativa medioambiental que ha salvado de la destrucción paisajes autóctonos, entornos naturales y hábitats endémicos. Ahora se da un paso más.

Amplio consenso.

La nueva ley debe ser la argamasa que armonice y compacte todo ese muro de contención reglamentario. También para sellar los vacíos legales aún existentes por los que pueden colarse amenazas. Para garantizar su solidez y hacerla lo más imperecedera posible, la aprobación de la ley impulsada por Cladera debe contar con un amplio consenso. Y, no menos importante, la participación y aquiescencia de los propietarios de las fincas de la Serra y de los sectores profesionales que se ganan la vida en ella. Se trata de ganar todos.