Se han vallado el recinto. El proyecto de demolición ya ha sido autorizado y notificado al propietario que debe derribar los bungalows para dar cumplimiento a la sentencia. | M. A. Cabrer

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El polémico camping de la Colònia de Sant Pere será pronto historia. Ya se han iniciado los trabajos preparatorios para su demolición, obligatoria tras la sentencia firme del mes de febrero de 2022. El alcalde de Artà, Manolo Galán, ha confirmado a este periódico que ya ha sido autorizado el proyecto de demolición y que se notificó al propietario el pasado día 15 de junio. «A raíz de la sentencia la demolición era obligatoria y se tenía que llevar a cabo en un plazo estipulado. El propietario presentó el proyecto a la Agència de Defensa del Territori que nos lo remitió y el Ajuntament hizo el informe. El propietario ha de ejecutar la sentencia». Así lo ha especificado Galán.

Una vez iniciadas las labores de demolición el plazo de ejecución es de cuatro meses y los bungalows se van a derribar ‘in situ’ , no se contempla el traslado de ningún módulo. Según se establecía en la sentencia los 88 bungalows son «ilegales e ilegalizables». Este complejo turístico ha estado marcado por la polémica desde, prácticamente, sus inicios. Ha tenido que pasar todo un periplo judicial para llegar a este punto. Hace 17 años que la Comissió Insular d’Urbanisme abrió un expediente de infracción urbanística ordenando su demolición al entender que no cumplían con la normativa.

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Este recinto se halla ubicado en la primera línea de la Colònia y está cerrado desde hace años. Se encuentra es un grave estado de degradación y ofrece una mala imagen tanto para residentes como para turistas. Todo el proceso se inició hace más de dos décadas a raíz de una denuncia de Esquerra Unida de Artà de las obras de construcción de estos 88 apartamentos. En 2006 se abrió el expediente de demolición. Paralelamente también se abrió un expediente sancionador con una multa inicial de 937.00 euros que pasó a 510.00 euros y finalmente el Tribunal Superior de Justicia anuló la sanción en julio del año 2011 y estimó una multa económica de 17.239 euros.

Los propietarios presentaron diferentes recursos a la demolición y finalmente el febrero de 2022 llegó la sentencia definitiva ordenando a este derribo. A mediados de marzo de este año el propietario del camping contactó con el IBAVI para ofrecer «módulos prefabricados para convertir en casas». Un anuncio que levantó suspicacias al existir esta sentencia de demolición.