Carlos Delgado.

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PEDRO AGUILO MORA
El portavoz del PSOE en el Ajuntament de Calvià y candidato socialista a la Alcaldía, Antoni Manchado, anunció ayer que presentará al fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, un informe en el que su partido denuncia que los «regalos» urbanísticos del alcalde, Carlos Delgado (PP), a la familia Nigorra han costado a la Corporación local 18'2 millones de euros y podrían reportar a los propietarios de Hábitat Golf Santa Ponça SL un beneficio de 61'4 millones de euros. En el transcurso de la rueda de prensa celebrada en la sede del PSIB, Manchado repasó un total de seis decisiones urbanísticas que ha adoptado el alcalde a lo largo de la legislatura que, a juicio de los socialistas, han beneficiado directamente a la familia Nigorra.

La primera de ellas, bautizada como «caso Terrazas», se refiere a la compra a los Nigorra por parte del Ajuntament, en agosto de 2004, de una zona verde de 3.300 metros cuadrados por un importe de 1'2 millones de euros. Relacionado con este caso surge otro: la autorización a la familia terrateniente para construir 16 viviendas en el resto de ese solar. Según expuso, esta operación «oscura» no costó euro alguno a los contribuyentes, pero aportó un beneficio a Nigorra de 3'2 millones de euros. El tercero y uno de los «más escandalosos», según Manchado, fue el de la recepción municipal de la urbanización Nova Santa Ponça auspiciada por el tránsfuga de UM Joan Thomàs.

El «caso parcela Q19» hace referencia a la cesión en noviembre de 2006, por parte del Consistorio a la familia, de una parcela de 20.000 metros cuadrados, valorada en 14 millones de euros, en virtud del cumplimiento de una sentencia dictada 18 años atrás. Las dos últimas han sido aprobadas por el Ajuntament pero están pendientes de que sean ratificadas por el Consell. La primera de ellas es la decisión de convertir en suelo industrial aproximadamente 100.000 metros cuadrados de un solar rústico que rodea la urbanización Galatzó que podría reportar un beneficio a la familia de 25 millones de euros. La segunda es el intento de cambiar la calificación de 500.000 metros cuadrados en El Toro para levantar allí el futuro centro de tecnificación deportiva, que supondría para los Nigorra un beneficio privado de 15 millones de euros.