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La Comissió Insular d'Urbanismo del Consell aprobó ayer por unanimidad la propuesta que los técnicos habían planteado para el chalet ilegal que el regidor de Urbanisme d'Inca, Bartomeu Seguí, tiene en la zona de Alcanada, en Alcúdia.

La decisión aprobada declara que el delito cometido en 1988 ha prescrito y ordena a Seguí el cese inmediato de la ocupación de la vivienda. Asimismo piden a GESA que proceda a cortar el suministro eléctrico del chalet en un plazo máximo de 48 horas.

El principal afectado, Bartomeu Seguí, tras enterarse de la noticia, pidió a la institución insular más seriedad con este tema y afirmó que se planteará poner un contencioso administrativo contra esta decisión. «Aún no me han contestado a todas las alegaciones que presenté, que fueron ocho, y no han sido capaces de tipificar el delito que cometí. Tengo que hablar con mi abogado antes de tomar la decisión, pero me planteo poner un contencioso administrativo», dijo.

Seguí declaró además que con este caso se ha sentido una «víctima política por parte del PSM a quien desde el Consell le han seguido el juego».

«Lo que está claro es que medio Mallorca está fuera de ordenación y es curioso que adopten esta decisión de cortarme la luz», dijo y continuó explicando que en los últimos días muchos abogados le han llamado para confirmarle que «nunca habían visto una decisión como esta con un delito que ya ha prescrito». «Me han dicho que haga tantas cosas diferentes que ahora lo único que me queda por oír es que allí quieren hacer pisos de protección oficial», añadió en broma.

El Consell dejó ayer fuera de ordenación el chalet de Bartomeu Seguí situado en la finca de es Gerràs, en Alcúdia. El asunto parte de 1987, cuando Seguí compró la finca y obtuvo licencia para edificarla a través de un contrato privado. Seguí no registró oficialmente la compra y en 1992 la finca quedó segregada en cuatro parcelas de 24.000 metros cuadrados, insuficientes para construir en esa zona. El Ajuntament requirió al concejal un documento de indivisibilidad de la finca, que no se ha aportado. Seguí no reconoce el delito y lamenta que el Consell no haya sido capaz de tipificarlo. «Lo único que no hice fue registrar la finca, pero en las alegaciones que he presentado dejo claro que no me tocaba a mí», dice el edil.