La revisión de la normativa urbanística de Maria de la Salut
seguirá adelante, a pesar de las críticas de la oposición (PSOE)
que exigió ayer al equipo de gobierno (PP-PSM) en pleno que depure
las responsabilidades políticas de su teniente de alcalde Pere
Mas(PP), a quien acusan de «utilizar información privilegiada para
beneficiarse económicamente».
Los socialistas sostienen que Pere Mas compró a bajo precio una
finca incluida en el futuro polígono industrial que contemplan las
normas, antes de que se conociera públicamente el desarrollo del
polígono.
El teniente de alcalde Pere Mas no intervino en el pleno de
ayer. Sí lo hicieron el alcalde Jaume Mestre (PSM) y sus compañeros
Antoni Mulet (PP) y Joan Bergas (PSM) que explicaron que «después
de habernos asesorado nos han dicho que no hay responsabilidades
administrativas ni penales». Los socialistas coinciden al señalar
que no existen responsabilidades administrativas y penales pero tal
y como señaló Martí Ferriol (PSOE) «sí existen responsabilidades
políticas».
La oposición, lejos de retractarse de las acusaciones lanzadas
contra el teniente de alcalde del PP, manifestó su malestar por las
«amenazas recibidas», dijo Ferriol.
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