Los vecinos de Ruberts manifestaron ayer su frontal oposición a la
construcción de un complejo de 14 adosados con piscina, justo en la
entrada de la pequeña aldea. Actualmente, se están construyendo
tres viviendas con la pertinente licencia municipal mientras que
las restantes 11 han quedado paralizadas por la aplicación de una
moratoria de un año. Estos proyectos supondrían aumentar en un 60%
el tamaño del núcleo. Los residentes dicen que los adosados crean
un impacto negativo y denuncian una serie de irregularidades.
Maria Sampol, presidenta de la asociación vecinal, aseguró que
«las obras se han llevado a cabo en una zona arqueológica
catalogada sin permiso de Patrimoni y han invadido la mayor parte
de los terrenos considerados verdes». Sampol recordó también que
«en el año 1995 no había ninguna necesidad de recalificar como
urbanos los terrenos, entonces rústicos», que ocupan los chalets».
Por ello, los vecinos solicitan la paralización de las obras, la
apertura de un expediente de infracción y la revocación de la
licencia municipal.
Los vecinos han conseguido el soporte de Els Verds y del GOB. Si
el Ajuntament no actúa, se le solicitará al CIM que tome la
iniciativa. Los miembros del colectivo han acusado al alcalde,
Josep Aloy, de actuar «en defensa de los intereses del promotor».
También aseguran que la moratoria «no sirve de nada», puesto que el
pueblo «será protegido tras haber sido desfigurado».
Los vecinos, que aseguran esperar información del Ajuntament
desde hace 5 meses, están dispuestos a actuar si no se paraliza la
construcción. El alcalde Aloy niega que no haya hablado con los
vecinos y pone la documentación a su disposición. Aloy mantiene que
otorgó la licencia «siguiendo los informes técnicos» y que no
encuentra argumentos jurídicos para paralizar las obras sin pagar
indemnización.
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