Carlos Delgado, portavoz del grupo popular en materia urbanística,
anunció ayer la presentación de la más que posible «denuncia penal
por delito ecológico» contra la alcaldesa, Margarita Nájera, por
haber consentido la continuada construcción de viviendas en la
parcelación rústica de Son Font. «Si hay indicios de criminalidad,
la denuncia se presentará enseguida», manifestó el edil, quien
acusó a la batlessa de haber mentido sobre el caso de Son Font
reiteradas ocasiones.
Además, el PP calvianer ha decidido interponer un recurso
contencioso administrativo contra la aprobación del PGOU. Esta
acción legal será ejecutada una vez que la Comissió Insular
d'Urbanisme de Mallorca apruebe definitivamente el nuevo
planeamiento.
Carlos Delgado, que ofreció una rueda de prensa en la sede del
PP de Palma acompañado del ex presidente del Govern, Jaume Matas,
negó que el equipo de gobierno socialista tenga intención de
proteger Son Font y explicó que la edificabilidad aumenta: «Si
hasta ahora en una parcela de 10.000 m2 se podían construir 660 m2
de vivienda, a partir de ahora se podrán edificar 1.000 m2».
En 1987 se permitían en Son Font dos plantas de 300 m2 cada una
y un torreón. El PGOU de 1991 suprimió la torre y redujo a 250 m2
la superficie por piso. El nuevo planeamiento califica Son Font
como Rústico Unifamiliar 7, lo que significa permitir construir 0'1
m2 por m2 de parcela, con un máximo de 2.100 m2, es decir, dos
plantas de 350 m2 cada una.
El PGOU aprobado provisionalmente por el Ajuntament pide la
recalificación en suelo urbano de Son Font por consolidación al
entender que ya se ha construido o está autorizada la edificación
en más del 66'6% de la parcelación. Delgado comentó que tras haber
consultado con prestigiosos urbanistas se puede decir que el equipo
de gobierno socialista «quiere convertir en urbano Son Font
ilegalmente, porque no está consolidado». Al respecto, dijo que
recientes sentencias defienden la tesis de que la consolidación se
debe sonsacar de la proporción entre la superficie construida y la
superficie libre. También rechazó el agrupamiento de parcelas como
fórmula para justificar la consolidación.
En una valoración política de este caso, Delgado dijo que Nájera
y el PSOE de Calvià han mentido reiteradamente, especialmente
cuando dijeron que Son Font tuvo un interés social que jamás
existió. Para el PP, la aprobación de la Ley del Suelo en 1997
regulaba la parcela mínima en Son Font, estableciendo una
superficie exigible de 14.000 m2, pues la Ley de Espacios Naturales
(LEN), que consideró esta zona Area de Asentamiento en Paisaje de
Interés no estableció la parcela mínima. Así, Delgado considera que
las licencias otorgadas desde 1997 son ilegales.
La alcaldesa, Margarita Nájera, replicó tras conocer las
intenciones del PP que el Ajuntament «siempre ha cumplido la
legalidad» e insistió en que quien dio las autorizaciones para
construir en Son Font en 1987 fue la Comisión Provincial de
Urbanismo presidida por un conseller del PP y que la LEN «sacó Son
Font de cualquier posible protección por la puerta falsa».
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