Vista de Palma. | T. Ayuga

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El Ajuntament de Palma ha solicitado al Govern poder expropiar pisos a los grandes tenedores (como los bancos o los fondos buitre) para destinarlos a alquileres sociales.

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, consideró «muy buena noticia» la expropiación, por parte del Ejecutivo autonómico, de forma temporal (por siete años) de 56 viviendas vacías que pertenecen a grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. Esta cesión de uso temporal está recogida en la Ley de Vivienda de Balears aprobada en 2018 y permite rescatar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de personas necesitadas, que pagarán un alquiler que no superará el 30 % de sus ingresos.

La edil declaró que «hace tiempo que habíamos reclamado que se pusiera en marcha este mecanismo de la ley balear de vivienda, «que es un mecanismo pionero a nivel de todo el Estado y suponemos que hay otras comunidades que lo querrán copiar».

Truyol recordó que «estamos en una situación en la que el acceso a la vivienda es insostenible para la inmensa mayoría de las familias, por lo que todos los mecanismos que supongan una mejora en este sentido son una buena noticia».

«Nosotros –anunció– como Ajuntament hemos pedido al Govern balear que en el futuro, cuando haya posibilidad de volver a aplicar este mecanismo y acceder a viviendas de forma temporal para ofrecerlas en alquiler social, queremos ser una de las administraciones que también pueda expropiar temporalmente estas propiedades de grandes tenedores que tienen vacíos sus pisos y que lo único que hacen es especular esperando un mejor contexto para vender sus viviendas».

Responsabilidad

La edil dijo desconocer el caso en que se encontraban los once pisos expropiados en Palma, pero afirmó que «seguro que hay muchos más casos en el municipio de viviendas de grandes tenedores que llevan más de dos años vacías».

Los grandes tenedores, reprochó la regidora, «son responsables de la crisis y, en cambio, no están siendo corresponsables a la hora de encontrar soluciones en el problema del acceso a la vivienda, por eso la Administración se ve obligada a intervenir y actuar como ha actuado el Ejecutivo autonómico».

Por el primer paquete de pisos vacíos que figuran en el catálogo de entidades bancarias, grandes fondos de inversión o empresas promotoras, el Govern abonará 1,8 millones de euros.