La prohibición del giro hacia Antoni Maura, desde julio de 2016, también propició el aumento de multas. | Joan Torres

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El Ajuntament de Palma cobra en estos momentos hasta el 60 % de las multas de tráfico que pone a extranjeros que visitan la ciudad, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años gracias a la intervención de una empresa privada especialista en este tipo de cobros contratada por el Consistorio en el año 2012, durante el gobierno de Aina Calvo.

El concejal de Mobilitat en Cort, Joan Ferrer, explica que la recaudación de estas multas tuvo un enorme incremento en el año 2017 como consecuencia de que en octubre de 2016 entraron en vigor todos los controles Acire que hasta ese momento no existían «y, claro, eso supuso un repunte en el número de multas al abrirse muchos más expedientes sancionadores», dijo el edil. En concreto, se pasó de los 361.756 euros recaudados en 2016, a 1.186.702 euros en 2017 y 1.691.223 euros el año pasado.

Estas cifras, asegura, «son una constatación de que no es cierto lo que algunas asociaciones del centro histórico nos han manifestado alguna vez de que las controles Acire o las cámaras no sirven para nada, pues justamente se demuestra lo contrario».

En 2012, recuerda Ferrer, se implantó un servicio para el cobro de las multas a extranjeros, «hasta esa fecha las sanciones a los extranjeros se daban por perdidas». Fue, asegura, «gracias a la buena gestión del Servicio de Multas», que se puso en contacto con la Federación de Municipios y Provincias de España y se hizo un convenio marco con una empresa que gestiona está recaudación. Así, se consiguió llegar en 2017, que es el último año cerrado, a una recuperación del 60 % de las sanciones impuestas, con lo que, destaca Ferrer, «estamos muy contentos, pues la labor coercitiva está funcionando y también los controles de Acire para, de esta forma, conseguir lo que se persigue, que es el calmado del tráfico en el centro».

El 40 % de las sanciones a extranjeros que finalmente no se cobran son o porque no se llega a localizar a los responsables o porque estos finalmente no pagan, ya que en el extranjero el Estado español no tiene la potestad de recurrir a la vía ejecutiva. Con lo cual, en última instancia, admite el edil, «las multas que se cobran a extranjeros es porque el responsable lo hace de manera voluntaria y reconoce que ha cometido esa infracción por la que se le ha multado».