El Gobierno de Venezuela garantizó ayer al embajador de España en Caracas que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras residentes en el país y que no indemnizará a otros dos miembros de la banda terrorista expulsados en 2002, según informaron fuentes diplomáticas.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que el embajador, Raúl Morodo, se entrevistó con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le informó de que las autoridades de su país «desautorizan» el contenido de los acuerdos de los que se habían hecho eco informaciones periodísticas en España.
Según esas informaciones, ratificadas por el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, el Gobierno venezolano se habría comprometido con los etarras Lorenzo Aiestarán, Angel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a «facilitar los trámites« para obtener la nacionalidad, lo que les permitiría evitar su hipotética extradición a España.
Askatasuna aseguró también que otros dos etarras, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, habían alcanzado un acuerdo con las autoridades venezolanas para ser indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la justicia española en 2002.
Las gestiones de Exteriores, a través de la Embajada española en Caracas y de la Embajada venezolana en Madrid, comenzaron tras conocerse las informaciones sobre los acuerdos.
Desde Dakar el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, dijo que había que esperar a que el Ejecutivo venezolano dijera si eran ciertas las informaciones para evaluar la situación y decidir «la respuesta oportuna».
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se encontraba en Bruselas y afirmó que si se confirmaban las informaciones, «sería una decisión inaceptable para España».
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