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El secretario general del PP, Mariano Rajoy, denunció ayer que el Ejecutivo ya está aplicando el papeles para todos, pero sin decirlo al regularizar a más de 100.000 inmigrantes por silencio administrativo.

Sin embargo, para el secretario general del PP, Mariano Rajoy, «legalizar» la situación de los inmigrantes que tienen «contratos ilegales» puede suponer «un efecto llamada de considerables proporciones», ya que es una medida contraria a las que llevan a cabo el resto de los países de la Unión Europea.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, reiteró ayer que las medidas de regularización que baraja el Gobierno en el futuro reglamento de la ley de extranjería estarán «vinculadas al mercado laboral» -la existencia de un contrato laboral fehacientey subrayó que sólo podrán acogerse a ellas «las personas que el Gobierno del PP dejó aquí como irregulares». Sindicatos y ONG pidieron al Gobierno prudencia a la hora de anunciar nuevas vías de regularización.

Según explicó la secretaria de Estado de Inmigración a los medios de comunicación, al final de la anterior legislatura había más de dos millones y medio de extranjeros empadronados y menos de millón y medio afiliados a la Seguridad Social, por lo que lo se pretende no es regularizar «al inmigrante clandestino que llegó ayer o que llegue hoy», sino a aquellos que lleven un tiempo trabajando en nuestro país.

En el mismo sentido, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, advirtió en declaraciones a Onda Cero de que la «política errática» del Ejecutivo genera «un problema mayor que el que tenemos en estos momentos», y puso como ejemplo el riesgo de que aumente la precariedad laboral si los inmigrantes aceptan «cualquier tipo de contrato» para ser regularizados.