El Ministerio del Interior se comprometió ayer a elaborar
protocolos de actuación para facilitar el acceso de las víctimas de
los atentados del 11 de marzo a las ayudas de las administraciones,
después de que los afectados, hasta ahora «olvidados y
ninguneados», hayan denunciado la descoordinación existente.
Tal y como aseguró Clara Escribano, representante de la primera de
estas asociaciones, las víctimas se han sentido hasta ahora
«olvidadas y ninguneadas», sin saber exactamente qué tienen que
hacer para acceder a los diferentes tipos de ayuda, desde la
económica a la psicológica.
Éste es uno de los compromisos adquiridos por el titular de
Interior, José Antonio Alonso, en la reunión que, por iniciativa
propia, ha mantenido con representantes de la Asociación de
Afectados por el 11-M y de la llamada Atocha 11-M, integrada esta
última por ciudadanos que no sufrieron las consecuencias de los
atentados.
Por ello, ha solicitado al ministro, además de infraestructura
para poder canalizar las quejas de los afectados, la elaboración de
protocolos de actuación válidos para todas las administraciones
públicas implicadas que, además, contribuyan a lograr la máxima
coordinación entre éstas -Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y
Estado- y faciliten el acceso de las víctimas a las ayudas.
Alonso se comprometió a resolver las peticiones de las víctimas,
que simbolizan, dijo, la «resistencia moral de la sociedad frente
al terrorismo». El Ejecutivo, agregó, quiere darles el máximo apoyo
para que «se sientan comprendidas, ayudadas y representadas por un
Gobierno cuya prioridad es la lucha contra el terrorismo» y porque
«nos debemos a ellas». Alonso dejó claro que el Gobierno mantendrá
la política de regularización y de concesión de la nacionalidad
para los inmigrantes en situación irregular que se vieron afectados
por la matanza y afirmó que «asume esta obligación, que no es sólo
política, sino moral».
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