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El Proyecto de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que suprime el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la mayoría de sus contribuyentes, pasó ayer el primer trámite parlamentario en el Congreso. Todos los partidos aceptan suprimir el IAE pero critican al Gobierno por no dar una alternativa al descenso de recaudación tributaria de los ayuntamientos.

El proyecto del Gobierno salió adelante en el Pleno del Congreso de los Diputados tras decaer, con los votos del PP y de Coalición Canaria, las siete enmiendas a la totalidad de PSOE, IU y cinco de los partidos del Grupo Mixto (BNG, IC-Els Verds, ERC, PA y CHA), que pedían la retirada del proyecto de ley. Los Grupos de CiU y PNV se abstuvieron en la votación de las enmiendas a la totalidad si bien expresaron su confianza en que algunos aspectos de la Ley sean mejorados, vía enmiendas, durante el trámite parlamentario del proyecto.

Los grupos enmendantes, aunque todos se mostraron de acuerdo con la supresión del IAE, justificaron la petición de devolución del texto en la ausencia de negociación con los representantes de los entes locales y en el hecho de que, en su opinión, no se garantiza su suficiencia financiera al suprimir un impuesto y no ofrecer ninguna «compensación» alternativa.

Alvaro Cuesta, portavoz del PSOE en el debate, justificó su enmienda en la presentación de la Ley de manera «unilateral» por parte del Gobierno, sin consenso previo con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), instó al Ejecutivo a retirar el proyecto y negociarlo en el marco del Pacto Local «escuchando a los ayuntamientos y a las Comunidades» y apostó por aprobar ya sólo la supresión del IAE con garantías para los entes locales.

Fuera del Parlamento, y en especial en Catalunya, arreció la polémica suscitada en torno a la intervención del presidente del Gobierno, José María Aznar, en una convención sobre financiación local, en la que acusó el miércoles al PSOE de estar en contra de las rebajas de impuestos y señaló que algunas ciudades catalanas gobernadas por los socialistas como Badalona o Barcelona son las que ejercen mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos.