La defensa del ex dictador Augusto Pinochet apelará el viernes ante
el Tribunal Supremo de Londres la decisión del juez británico
Ronald Bartle de conceder su extradición a España. La apelación se
producirá dos semanas después de que el magistrado tomara tal
decisión y el mismo día en que concluye el plazo de entrega de la
misma. El «caso Pinochet» llegó también al Congreso donde el
presidente del Gobierno, José María Aznar, preguntó al secretario
general del PSOE, Joaquín Almunia, si está de acuerdo con la
extradición o si apoya la postura del ex jefe del Ejecutivo Felipe
González, partidario de que sea juzgado en Chile.
Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes,
afirmó que, si el ministro del Interior británico, Jack Straw,
apelara a las «razones humanitarias» para dejar libre al ex
dictador significaría el «agotamiento» de la vía judicial.
Matutes señaló que esa decisión de Straw supondría poner en
libertad a Pinochet. «Parece deducirse de las declaraciones del
ministro Straw que, para tomar una decisión al respecto, desea
esperar el agotamiento de la vía judicial; si tomara una decisión
antes, que también puede hacerlo, sería por consideraciones
objetivas sobre la salud de Pinochet», explicó.
El titular de Exteriores añadió que «una eventual decisión de
Straw sobre el senador Pinochet por razones humanitarias, supondría
automáticamente el término de la vía judicial; esto significaría la
libertad automática e inmediata de Pinochet, y la posibilidad de
abandonar el territorio británico y regresar a Chile».
Así, Matutes se preguntó si «cabe en este caso presentar
recursos, porque se agota la vía judicial», y señaló que existe un
recurso, denominado de «revisión judicial», pero que, según sus
informes, «este tipo de recurso no tendría efectos prácticos, no
anularía, ni siquiera puede suspender los efectos de la decisión de
Straw».
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