No obstante, esta legalización está sometida a diversas condiciones. La primera es el plazo para proceder a esa regularización, fijado en un máximo de tres años. Las edificaciones deben haber sido construidas hasta ocho años antes de la entrada en vigor del decreto. Si se ubican en suelo rústico protegido, se determina que hayan sido construidas antes de la entrada en vigor de la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl, el 29 de mayo de 2014.
Dos condicionantes son especialmente importantes: el pago de una contraprestación económica al ayuntamiento correspondiente y la adopción de medidas ambientales. Además, los propietarios, como el resto, estarán sometidos al pago de las tasas y los impuestos previstos para nuevas edificaciones.
La contraprestación económica se fijará en un 10 % del valor de la construcción si la legalización se solicita en el primer año de vigencia del decreto, en un 12,5 % en el segundo año y en un 15 % en el tercero. Estos pagos podrán ser bonificados para las personas físicas en función de su renta: un 50 % si la media de la base imponible de los últimos cuatro años no sobrepasa los 33.000 euros en tributación individual (52.800 en tributación conjunta) y un 25 % si la media de base imponible no supera los 52.800 euros en tributación individual (84.480 en conjunta).
El dinero recaudado por los ayuntamientos por este concepto se debe destinar a la adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales, o a la dotación de suelo municipal. La medida prohíbe expresamente destinar esas construcciones legalizadas a la comercialización de estancias turísticas (agroturismos, hoteles rurales o alquiler turístico).
Además, el propietario deberá presentar un proyecto técnico de adaptación a criterios ambientales referidos, entre otros, a contaminación lumínica y eficiencia energética e hídrica, incluidos sistemas de depuración de agua.
Hay excepciones a las legalizaciones en los casos, entre otros, de procesos de expropiación; ubicaciones en dominios públicos o servidumbres de carreteras y costas; adquisición de plazas, cuotas u otros derechos; y actividades sujetas a la previa declaración de interés general.
El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado que el decreto pretende reducir y simplificar trámites y burocracia administrativa, acabar con duplicidades normativas y facilitar la inversión. Afecta a todas las administraciones de Baleares y es fruto de reuniones con representantes de la sociedad civil. El texto modifica total o parcialmente unas 50 leyes y decretos ley, con más de 170 cambios en los diferentes articulados
Una de las medidas más llamativas, ya conocida, es la supresión de la Comissió de Medi Ambient. El decreto establece que los informes ambientales serán realizados por los mismos técnicos que han participado hasta ahora en la citada comisión, sin ninguna valoración o corrección política posterior. También se reducen los supuestos que requieren de manera obligatoria de un informe de la Direcció General de Recursos Hídrics.
La valoración de licencias urbanísticas podrá ser externalizada a las llamadas Entitats Col·laboradores Urbanístiques (ECU), debidamente homologadas. Las ECU podrán emitir informes técnicos y jurídicos, aunque la resolución sobre las solicitudes de licencias siempre corresponderá a los ayuntamientos. Desparece la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulars.
En servicios sociales, las ayudas a las personas diagnosticadas con una enfermedad mental ya no requerirán un certificado de discapacidad.
En proyectos de transición energética, los puntos de recarga de vehículos eléctricos o las instalaciones de almacenamiento serán declaradas de interés general. Se elimina la autorización previa para proyectos fotovoltaicos inferiores a 500 kilovatios.
El decreto también habilita a los ayuntamientos a crear aparcamientos extraordinarios y temporales (un máximo de ocho meses al año) en suelos públicos o privados (acuerdos de alquiler con los propietarios), urbanos o rústicos, siempre con compactación del terreno e instalaciones provisionales.
Igualmente, el texto normativo prevé la creación del complemento retributivo para plazas docentes de muy difícil cobertura en Menorca, Eivissa y Formentera, y para plazas de difícil cobertura en la atención y apoyo a la dependencia en autonomía personal, especialmente en Ibiza.
Finalmente, los consells insulars podrán externalizar las inspecciones técnicas de vehículos.
20 comentarios
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Explicació: Incompleix la llei i fes lo que vulguis ja t'ho arreglarem! Barra lliure a seguir construint on te doni la gana i sense emprenyos d'ecologistes! Aparcau els cotxes a tots els sementers! I privatitzarem aixi els nostres seguiran fent negoci!!! Aixi arreglen la saturació!
Que ganan los mallorquines legalizando lo que el Consell debería haber derribado, además de la pertinente sanción, hace tiempo ??? Casas con techo de uralita, en parcelas minúsculas que degradan nuestro entorno rural, sin respetar para nada la arquitectura tradicional de Mallorca. Merece la pena construír legalmente en Mallorca??? Es mucho más caro y los permisos pueden tardar años y todo se encarece, puedes tirar a la basura los presupuestos de la obra y prepararse para un aumento de coste. La respuesta la tiene cada uno de nosotros según le ha ido, yo, personalmente, no entiendo la decisión del Consell.
Fa riure i plorera a la vegada...
Y qué más? Los del gobierno espabilados, y los comentaristas envidiosos.
Com sempre això es una mida que només beneficia als rics.... Els que tinguin una caseta de fa 20 ò 30 anys i no tinguin doblers,no la podrán fer legal..... Lo de sempre, només per els que puguin pagar....
Muy buena iniciativa….hay miles de ruinas en baleares, que se puede convertir en viviendas…
Lo que yo siempre he dicho: si estás en TU terreno que TÚ has pagado, mientras no sea algo que atente, por ejemplo, a la ecología, no deberías poder hacer y deshacer lo que te de la gana? Pagando, por supuesto, por permisos, multas si lo haces mal, etc. Que con todo lo que se generaría por eso habría dinero de sobra para pagar personal que lo controlase, eso se lo das a una empresa privada y ya verías tú cómo meten multas a todo Dios. Propiedad privada, si no molesto a nadie, respétenla. Aquí la prioridad son los almendros y los olivos, con el gravísimo problema de vivienda que hay, ¿cuándo pasarán a ser prioridad los habitantes? ¿O es que siempre serán prioridad los turistas y los árboles?
El PP Balear ha perdut el nord. Ja ni tan sols sap cap a on bufa el vent. Ara masificació, i abans turismofobia, ara paga-legal i abans ilegal.
Primero construyo ilegalmente, luego espero que cambie el gobierno de turno, pago una multa, y ya es legal. Es como ir a confesarse, rezar tres padres nuestros, y a continuar haciendo las ilegalidades que se me antojen. Si el Infierno existiera, este tipo de gente acabaría allí, por codiciosos, mentirosos y sobre todo, por chorizos.
Si alguien construye algo donde no se puede,se tira y punto, no hay más, todo lo demás es ayudar al tramposo.