Vox vigilará a consells y ayuntamientos a través de su Oficina Lingüística

El proyecto de presupuestos del Govern para el año que viene ya incluye una memoria justificativa de esta Oficina, en la que argumenta que este nuevo organismo «responde a razones de interés general» y se basa en una «identificación clara» del objetivo que se persigue: garantizar los derechos lingüísticos y la garantía de «libertad lingüística» de los ciudadanos «hablen la lengua que hablen».

¿Pondrá multas?

Vox quiere que esta Oficina tenga capacidad para imponer multas a quien vulnere esta libertad lingüística, lo que podría afectar a los ayuntamientos gobernados por otras mayorías que no sean PP y Vox. Sin embargo, en la memoria no aparece por ahora esta posibilidad e incluso aparece una especie de cláusula de salvaguarda en la que se señala que debe respetarse «el principio de autonomía» de estas instituciones.

Otro elemento puede condicionar la actividad de la Oficina, porque en la memoria se especifica de forma clara que este nuevo organismo podrá cumplir las funciones que tenga asignadas «sin perjuicio de las encomendadas a otros órganos» a los que complementará «en diferentes estadios operativos». Entre estos órganos complementarios, menciona a la UIB, la máxima autoridad lingüística de las Islas, al síndic de Greuges y a las figuras equivalentes municipales que tengan los ayuntamientos. También precisa que no podrá adoptar decisiones que entren en colisión con la autoridad judicial y el ministerio fiscal.

Presunción de inocencia

En esta materia, señala que la Oficina «debe respetar» los derechos y las garantías de los ciudadanos, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. En la memoria justificativa se menciona la cooficialidad de las dos lengua recogidas en el Estatut d’Autonomia y menciona una sentencia del Tribunal Constitucional que habla de la necesaria convivencia de las lenguas oficiales donde haya más de una.

«Esta oficialidad formal no siempre se corresponde con la realidad», dice. «Muy a menudo, los ciudadanos de Balears, al margen de cuál sea la lengua de origen, ven reducidas las posibilidades de emplear alguna de las lenguas, tanto en el ámbito público como en el privado y no tienen la oportunidad de elegir hacer cualquier actividad social en una de las lenguas», añade. Este es el argumento que se emplea para defender la creación de la Oficina «que garantice el derecho de usar las lenguas oficiales, el catalán y el castellano, por todas partes».