PP-Vox: su ambiguo pacto sobre el catalán

El punto 55 del acuerdo dice que ambos partidos modificarán las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la Comunitat existen dos lenguas oficiales. «Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública».

Dos interpretaciones

Vox interpreta que este punto obliga a eliminar el requisito del catalán, pero el PP mira de inmediato a otro punto que recoge el acuerdo, el 56. «Garantizaremos el derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales y sea contestado en la lengua que desee». Es aquí donde el PP señala que cualquier ciudadano podrá dirigirse a la Administración en castellano, pero también en catalán, por lo que será necesario que los funcionarios conozcan las dos lenguas. El catalán, también.

Esta ambigüedad se ha extendido a las declaraciones sobre el tema que han realizado en los últimos días miembros del Govern, como la presidenta Marga Prohens y el vicepresident, Antoni Costa. Prohens no ha aclarado por ahora si se modificará la Ley de Función Pública para eliminar el requisito del catalán y que este pase a ser un mérito. Esta misma semana ha dicho que eso se verá conforme se vayan dando pasos. Eso significa, por tanto, que se darán pasos para que el castellano gane presencia en la Administración pública.

Una de esas primeras medidas seguirá el ejemplo de Cort. La presidenta afirmó que se reconocerá el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en estas dos lenguas, tanto el castellano como el catalán, lo que supone un cambio con respecto a lo vigente en estos momentos. Pero la batalla de la lengua entre PP y Vox no está ahí, sino en si se debe exigir o no el conocimiento del catalán. Lo que se ha aprobado en el sector sanitario da una idea muy clara de hacia dónde quiere ir el PP de Marga Prohens. Se ha eliminado la exigencia del catalán para el personal que trabaja en el ámbito sanitario, pero no para todos los trabajadores de la salud. Es decir, los administrativos siguen teniendo la obligación de acreditar el catalán. Vox ya ha comenzado a avisar de que el siguiente paso es eliminar esta exigencia, tanto en la sanidad como en toda la función pública, pero el PP no quiere eliminar por completo el requisito.

Fuentes del Govern explican que no están dispuestos a meterse en el mismo enredo que el expresidente del PP José Ramón Bauzá y se encomiendan al Estatut, que consagra el bilingüismo. Apuntan que, en estos pasos que quiere ir dando Marga Prohens, también cabe la posibilidad de introducir algunas modificaciones para que puestos profesionales muy especializados de la Administración queden exentos del catalán. No detallan si podría ser el caso de arquitectos, ingenieros y otras profesiones.

Huir de Bauzá

«Esta no será una legislatura de confrontación en materia lingüística y quien lo desee me conoce poco. Iremos dando pasos», dijo la presidenta esta semana. El fantasma de José Ramón Bauzá aún recorre los pasillos de la sede del PP y nadie de la actual dirección quiere repetir aquellos errores del pasado que condujeron a los `populares’ a una abultadísima derrota electoral. No es probable que el PP vaya a hacer lo que hizo Bauzá porque sabe cuáles son sus consecuencias, por eso insisten en que se irán dando pasos que, en ningún caso, supondrán la eliminación completa del catalán en la Administración. Sin embargo, lo pactado sigue siendo ambiguo y a eso se agarrará Vox como un clavo ardiendo para intentar que el PP aprueba lo que no quiere hacer. Se verá si lo consigue.