Con la ruta de Argelia a Baleares y el levante peninsular en su máxima actividad, la persecución penal a los responsables de las redes de tráfico ilegal de migrantes se ha redoblado en las Islas en los últimos meses con detenciones cada vez más frecuentes de los patrones de las embarcaciones: hasta 63 a lo largo de 2022 por parte de la Policía Nacional.
La Audiencia Provincial ha celebrado una decena de juicios, la mayor parte de los cuales han desembocado en sentencias con penas de cárcel, las más severas en torno a los cuatro años de prisión.
En la sentencia del patrón llegado a Cabrera, tanto la Audiencia Provincial como ahora el TSJIB avalan el uso de testigos protegidos para identificar a los patrones. La defensa del acusado cuestionaba que la condena se basara en gran parte en la declaración de uno de los migrantes. A este se le había informado previamente de que, ante una colaboración notable con la policía y la justicia, podía regularizar su entrada en territorio nacional. Este hecho era señalado por la defensa como un posible móvil para la denuncia.
La sentencia del TSJIB rechaza que se trate de un «testimonio premiado»: «La concesión a la víctima de un estatuto administrativo de legalidad no tiene por qué suponer una invitación a la mendacidad. Precisamente se trata de un mecanismo que prevé la legislación para luchar contra la delincuencia transfronteriza».
Por el momento, la intensificación de la persecución penal a los patrones de las embarcaciones no ha logrado reducir el flujo de pateras. 2022 marcó un nuevo récord con más de 2.600 migrantes en 176 pateras y superó a 2021, en algo más de un centenar de personas, una tónica que se sigue desde 2020 con la imposibilidad para llevar a cabo devoluciones instantáneas de los migrantes.
Punto de vista
Cuarto año consecutivo de máximo histórico
