Martín Aleñar, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares. | T. Ayuga

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El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, ha expresado en una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el «profundo malestar» de la abogacía por la habilitación parcial del mes de agosto.

En la carta, reitera la protesta de la abogacía por la habilitación parcial del mes da traslado del profundo malestar que dicha medida ha generado entre los profesionales de las islas, ha informado la entidad colegial en un comunicado.

Tras indicar que por responsabilidad, profesionalidad y por una imposición normativa que califica de «absurda», los abogados están «al pie del cañón en este mes de agosto», el decano considera, en su escrito, que tal habilitación parcial «entierra» el derecho al descanso y a la conciliación de los profesionales de la abogacía, así como de otros colaboradores esenciales de la Justicia y, en su caso, de los ciudadanos que puedan verse afectados por un proceso o acto judicial. Insiste en calificar la medida de ineficaz «para alcanzar el pretendido objetivo de agilización».

«Ineficaz - asegura el decano- porque el reparto de las vacaciones «de los demás» se dispersará en varios meses en vez de concentrarse en uno solo, de manera que, en vez de un mes inhábil, habrá, al menos, dos o tres en los que la actividad judicial no estará al superior rendimiento que, efectivamente, la situación exige».

Aleñar añade que la decisión también es ineficaz porque «en agosto se multiplican las dificultades de citación y la posibilidad de incomparecencia de alguna de las partes, de los testigos o de quienes, de una u otra forma, estén afectados por el proceso o el acto judicial».

«Es de justicia homologar el derecho a conciliar de todos los operadores jurídicos con el establecimiento de vacaciones durante todo el mes de agosto. El derecho a la conciliación y a la desconexión digital lo debemos de disfrutar todos y todas», explica la Abogacía en uno de los mensajes difundidos en la red social.

Por su parte, los procuradores han calificado de «pírrica victoria» lo conseguido en el Congreso, pues, según dice, tras no concluirse la tramitación del proyecto de ley están condenados «a trabajar tres semanas del mes de agosto».

La Abogacía como el Consejo General de Procuradores recuerdan que propusieron concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en el mes de agosto, salvo actuaciones urgentes, al entender que así la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales se desarrollaría a pleno rendimiento en los meses de julio y septiembre.