Manifestación de sanitarios sanitario en defensa de que el catalán sea mérito y no requisito. | Pilar Pellicer

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Los representantes sindicales de la UGT y el Sindicato Médico coincidieron este sábado en advertir de las serias consecuencias que tiene en el sector sanitario de las Islas la anulación del decreto sobre las exigencias del catalán a sus profesionales, según la sentencia dictada por el TSJB tras el recurso interpuesto por el sindicato CSIF. El decreto abría un período de transitoriedad que ha quedado anulado.

El presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, fue contundente al señalar que «aunque nosotros ya nos opusimos al decreto, por considerar que excluía derechos adquiridos, los cierto es que ahora genera un problema gravísimo de incertidumbre y miedo entre los profesionales de la sanidad pública».

Lázaro considera que el IB-Salut debe recurrir de inmediato la sentencia «y abrir un proceso de excepcionalidad» entre los profesionales de la sanidad para garantizar la atención en las Islas ya que «la exigencia del catalán vuelve a ser un requisito».

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Por su parte, el secretario general de la UGT, Miguel Angel Romero, tampoco ocultó su preocupación por un fallo que «paraliza todo» el proceso de contratación de profesionales sanitarios en las Islas ya que «eleva las exigencias» en el conocimiento del catalán. Esta circunstancia afecta a los procesos de selección en marcha de médicos, especialistas, enfermería, técnicos, auxiliares y administrativos del IB-Salut. En este sentido, el dirigente de la UGT no ocultó sus críticas al sindicato CSIF, promotor del recurso contra el decreto, «porque creo que no midió las consecuencias que podría acarrear».

Tras señalar que «en verano puede haber serios problemas en la contratación de sanitarios», Romero concluyó que «con esta sentencia los de Vox deben estar llorando por los rincones porque vuelve a poner el catalán como requisito». Desde su punto de vista es urgente que el IB-Salut recurra el fallo.

La OCB

En sentido contrario, la Obra Cultural Balear (OCB) insta al Govern para que «rectifique y el catalán vuelva a ser un requisito para el acceso a la sanidad balear», toda vez que considera la sentencia es «una oportunidad inmejorable» para conseguirlo y por tanto no debe inteponer el recurso ante el Supremo.