Protesta en Palma contra el decreto que regulaba el catalán en el IB-Salut. | Efe

La Sala de lo Contencioso del TSJB declara nulo el decreto del Govern que regulaba la exigencia del catalán al personal del IB-Salut. El Govern aprobó esta normativa en 2018 para suavizar el requisito del conocimiento de la lengua propia por parte de los médicos: permitía el acceso sin acreditar un título de catalán pero, si en dos años no se solventaba esa carencia se vedaba el acceso al complemento de carrera profesional y a concursos de movilidad.

La sentencia del TSJB acepta el recurso promovido por el sindicato CSIF, representado por la abogada, Juana Vicens, del bufete Fiol. La Sala entiende que hacer excepciones sobre el requisito del conocimiento del catalán precisa de una decisión del Parlament, no de un mero decreto del Consell de Govern. Además, añade: «Si a los productos normativos de la administración no les cabe contradecir las decisiones del legislador en cuanto a la exigencia del conocimiento de la lengua propia de la comunidad, tampoco les cabe privar a los beneficiarios de cualquier derecho». Así, especifica que la carrera profesional está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público y que limitar el acceso a la misma de funcionarios supone un vicio de nulidad radical.

El Tribunal Superior entiende que la posibilidad de establecer como un requisito el conocimiento del catalán para el acceso a la función pública está avalada por la Constitución: «El derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán, sumado a otras justificadas razones, como la eficacia administrativa o la normalización lingüística, hacen preciso que la administración otorgue relevancia jurídica al conocimiento de la lengua al objeto del ingreso y la provisión de plazas en la función pública».

También refleja la sentencia que hay espacio para excepciones a ese conocimiento para garantizar intereses generales «más prioritarios» como es «salvaguardar la prestación efectiva y satisfactoria de los servicios públicos esenciales». Sin embargo, tiene que ser por ley, no por decreto y por ese motivo anula la regulación actual.

Una polémica regulación a expensas del Supremo

La obligatoriedad del catalán para acceder a un puesto en el IB-Salut provocó una larga polémica que se solventó con el plazo de dos años para que los nuevos funcionarios pudieran acreditar el conocimiento.

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La normativa fue recurrida por los sindicatos y ahora puede terminar ante el Tribunal Supremo.