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El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma ha archivado el caso de los contratos de Més al considerar que no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos.

En esta causa, que investigaba la legalidad de toda una serie de contratos fraccionados, fueron citados a declarar el jefe de campaña de Més, Jaume Garau, y el presidente de la ATB, Pere Muñoz, así como otros cargos de la Conselleria de Cultura, entre ellos, la entonces consellera de Cultura, Ruth Mateu, y su director general, Jaume Gomila, que presentaron su dimisión tras saltar el escándalo político; y el exdirector del IEB, Josep Ramón Cerdà. Tras concretarse la investigación de la Fiscalía en una querella, también dimitió el Pere Muñoz, por lo que ninguno de los responsables de estas presuntas contrataciones dejaron de ostentar cargos de responsabilidad.

La crisis política por esta causa salpicó también Biel Barceló, al frente entonces de Turisme, a quien la oposición le señaló como el máximo responsable y solicitó reiteradamente su dimisión. e incluso dio explicaciones sobre los contratos en el Parlament.

La causa se inició por una querella de la Fiscalía Anticorrupción ante posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias para beneficiar al antiguo jefe de campaña de los econacionalistas, Jaume Garau.

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El magistrado considera que los investigados explicaron «de forma coherente el objeto de los contratos» y porqué estos se habían fragmentado. De esta forma, descarta una arbitrariedad: «De las numerosas pruebas practicadas, se desprende que ninguna de las irregularidades presuntamente cometidas tienen relación con el precio de los contratos o con el sobreprecio». En la misma resolución el juez deniega una serie de diligencias que había planteado el Partido Popular para prolongar las investigaciones. Los populares se personaron como acusación popular en la causa con la pretensión de incluir contratos a Garau de otras administraciones como el Ajuntament de Palma.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en un plazo de cinco días.

Cabe recordar que las investigaciones se han centrado en una serie de contratos menores adjudicados por las consellerias de Turisme y de Cultura a dos empresas vinculadas a Jaume Garau, Regio y CPL. Concretamente, se investigaba si se fragmentaron los encargos para permitir una adjudicación directa sin publicidad saltándose el límite legal de 18.000 euros. El ministerio público abrió diligencias previas en abril de 2017.