Román Sanahuja, en una imagen de archivo. | ultimahora.es

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Las vísperas del juicio del ‘caso Can Domenge’ siguen revueltas. La vista comenzará hoy después de que el dueño de la empresa que se hizo con los terrenos registrara ayer un escrito en el que ratifica la versión del ‘arrepentido’ Bartomeu Vicens en lo que tiene que ver con el soborno de cuatro millones por el concurso. La segunda confesión incluye detalles como que el pago del cohecho se formalizó en dos pagos en metálico al intermediario que designó Miquel Nadal. Al entonces exconseller le atribuye haberle exigido el pago de cuatro millones de euros si querían hacerse con la adjudicación. Lo que el acusado Román Sanahuja niega de forma taxativa es que hubiera un fraude en el concurso por el que se adjudicaron los terrenos por 30 millones de euros.

Sanahuja asegura que su empresa tuvo contactos «informales» con los responsables del Consell antes del concurso. Sin embargo, tras presentar las ofertas y, antes del fallo del jurado, supieron que otra empresa iba a ganar. Este detalle cuadra con la versión de Vicens quien dijo que en un primer momento el adjudicatario iba a ser el Grup Fer pero que esta empresa presentó un proyecto deficiente y que por eso se les descartó. A continuación, Vicens manifestó que en una reunión entre él, Maria Antònia Munar.

En efectivo

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El proyecto de Sacresa ganó el concurso pero Sanahuja señala que Miquel Nadal se dirigió a ellos: «Nos garantizó no cambiar de criterio para resultar adjudicatarios del concurso si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo». Así se hizo y hubo dos entregas: «Los pagos se realizaron en dos lugares públicos de la Isla de Mallorca a un intermediario designado por Miquel Nadal a quien Sacresa no conocía». Finalmente señalan que no saben lo que se hizo de este dinero. La versión concuerda a grandes rasgos con la que dio Vicens. En todo el escrito de confesión, Sanahuja reitera una y otra vez que el concurso fue legal y que el precio del suelo fue ajustado en treinta millones. De hecho, acompañaron la confesión con una gran cantidad de documentación entre la que se encuentran nuevas periciales sobre la tasación de los terrenos y documentos sobre el trabajo que hizo la empresa de forma previa al concurso e incluso algún ensayo sobre la venta de los terrenos.

La acusación de fraude en el concurso llevaría aparejada para Sacresa el pago de una millonaria cantidad como responsabilidad civil, en torno a los treinta millones. Por otra parte, Román Sanahuja asume en solitario el «grave error cometido» y deja fuera de la operación a sus hijos. La Fiscalía solicita hasta ahora una condena de dos años de prisión para el dueño de Sacresa por delitos de fraude y de uso de información confidencial. El relato de la Fiscalía en el escrito de acusación apunta a que Sacresa recibió información privilegiada de forma previa al concurso para que pudiera hacer una oferta con ventaja sobre sus competidores y así hacerse con los terrenos de Can Domenge. Sanahuja ya había declarado en este sentido cuando compareció en febrero de 2010 como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Además de la Fiscalía, en esta causa hay personadas otras dos acusaciones, una la del Consell de Mallorca como administración perjudicada y otra, la empresa Núñez y Navarro que denunció el supuesto amaño y que sostiene que ellos estaban dispuestos a pagar 60 millones por la finca.