El proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda aprobado por la Generalitat de Catalunya que permite expropiar casas vacías para ponerlas en alquiler durante seis años ha generado un amplio debate que incluye el apoyo de jóvenes que buscan una primera vivienda y el rotundo rechazo de los propietarios que han adquirido casas y ven cómo en un futuro puede dejar de ser suya, aunque sólo sea de forma temporal.
La medida anunciada por el Gobierno catalán roza la ilegalidad y la inconstitucionalidad al proteger la Carta Magna el derecho a la propiedad privada. Se sitúa en uno de los polos más extremos para intentar solucionar un problema social que pide soluciones inmediatas. Antes de llegar a aplicar este proyecto de ley habría que preguntarse por qué los propietarios no alquilan sus viviendas y qué podría hacerse para cambiar esa actitud.
Lo cierto es que tanto los propietarios como los inquilinos se enfrentan a numerosas trabas legales y financieras que desaniman el alquiler. Entre ellos, un largo proceso legal para echar a un inquilino moroso, la ausencia de beneficios fiscales para los inquilinos mayores de 35 años o la subida obligada del IPC en el precio de la vivienda.
Antes de plantearse un proyecto que incluye la expropiación, habría que incentivar el alquiler a través de unos medios que favorezcan tanto a los propietarios como a los futuros inquilinos, así como incrementar los pisos de protección oficial. La responsabilidad de un Gobierno pasa por adoptar medidas que favorezcan el acceso a una vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler. Lo que parece extralimitado es echar mano de la propiedad privada para alquilar viviendas vacías sin el consentimiento de sus dueños. Las cosas no deberían hacerse así.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.