El 54'51 por ciento del total de establecimientos censados en las
Islas, 1.247 sustitutos de los contribuyentes, ha hecho efectivo a
la Conselleria d'Hisenda la primera liquidación cuatrimestral del
impuesto ecoturístico, mientras que el 45'49 por ciento restante,
1.041, ha interpuesto recurso o presentado impugnación contra la
declaración de liquidación presentando el aval bancario, según
datos facilitados por el Govern.
Pese a ser superior el número de sustitutos de los
contribuyentes que ha optado por el pago efectivo, la Conselleria
d'Hisenda únicamente ha podido recaudar sin recurso o aval bancario
4'97 millones de euros, el 20 por ciento, por lo que el 80 por
ciento restante liquidado se ha hecho mediante avales bancarios,
sumando en su conjunto 23'05 millones de euros. Desde la
Conselleria d'Hisenda indican que todas las empresas de alojamiento
turístico censadas han presentado su liquidación, ya sea efectiva o
mediante avales, «tanto las 89 que optaron por el sistema de
estimación directa como las 2.199 que se acogieron al pago del
tributo por módulos o estimación subjetiva».
El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, señalaba este martes en
el Parlament, que pese a que la liquidación no se haga efectiva,
«el Govern puede pedir créditos por valor del importe total para
financiar los proyectos medioambientales y de regeneración
turística previstos en el Fondo de Rehabilitación de Espacios
Turísticos, dado que con la primera liquidación del gravamen se
inicia el proceso de reconocimiento de los derechos a favor de la
Comunidad Autónoma que permiten generar los créditos para ejecutar
las obras previstas, independientemente de que no se haya cobrado
materialmente la cuota tributaria».
Desde Hisenda puntualizaban ayer al respecto que «son los
derechos reconocidos a favor de las arcas autonómicas, de acuerdo
con la normativa vigente, los que determinan los presupuestos, con
independencia de cuándo se haga efectivo el ingreso de la cuota».
Las mismas fuentes puntualizan que un caso similar se registró con
la liquidación del impuesto sobre instalaciones (Isiquiema) que
inciden en el medio ambiente en 1991, cuando, a pesar de no haberse
cobrado materialmente la cantidad recaudada prevista, se dio a esta
partida la consideración de derechos a favor de la CAIB, con lo que
se pudieron generar los créditos correspondientes.
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