El Govern balear advirtió ayer al Ejecutivo de José María Aznar de
que se defenderá para conseguir la paridad en las listas
electorales y que haya igual número de hombres que de mujeres. El
portavoz del Ejecutivo, Antoni Garcías, realizó esta advertencia
tras la decisión del Consejo de Ministros de presentar un recurso
de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Paridad aprobada por
el Parlament balear. Al término de la reunión que cada viernes
celebra el Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo balear
reconoció que el Gobierno está en su derecho de presentar el
recurso, pero afirmó que esta actitud «es un error que perjudicará
el espíritu de una ley progresista y avanzada para mejorar la
participación de las mujeres en la vida política».
El portavoz insistió en que ésta es la cuarta ley que recurre el
Gobierno central durante esta legislatura "antes vinieron la de
Consells, la de Comercio y la ecotasa" y lamentó estos ataques al
autogobierno de las Islas. «Cuando el PP no puede ganar aquí una
votación, recurre a su hermano mayor, que es el Gobierno», opinó
Garcias. El conseller defendió además al Govern de las críticas
formuladas por el PP, según las cuales el Ejecutivo balear no
invierte apenas en políticas activas de la mujer. Garcias dijo que
no existe «comparación presupuestaria» entre el dinero que ha
destinado el Pacte de Progrés a las políticas de mujer y el que
destinó el PP en sus 16 años de gobierno.
Criticó que los populares no están «ideológicamente a favor de
la igualdad» y añadió que hay pruebas diarias de ello cuando se
confrontan las propuestas prácticas del PP y las del Pacte. Uno de
los ejemplos que citó el portavoz del Govern es que el presupuesto
que destinaba al PP a las políticas de la mujer era de 180.000
euros, mientras que el presupuesto que el Pacte ha aprobado para el
Institut de la Dona es de 1'8 millones de euros. A las reacciones
del Govern ante el recurso del Constitucional se contrapuso ayer la
defensa de las mujeres del PP al recurso de inconstitucionalidad.
Tres diputadas populares "Francisca Bennàssar, Mabel Cabrer y Maria
Salom" convocaron ayer a los medios de comunicación para defender
la postura del Gobierno.
La ley quedará en suspenso durante al menos cinco
meses
El recurso de inconstitucionalidad hará que la ley quede en
suspenso durante un mínimo de cinco meses, desde el momento en que
la petición del Gobierno llegue al Constitucional. Ése es el plazo
de que dispone el Tribunal para decidir si la propuesta se mantiene
en suspenso hasta que haya una sentencia o bien se levanta la
suspensión mientras se estudia el caso. Es decir, puede darse el
caso de que la ley no pueda aplicarse en las elecciones de mayo del
año que viene, pero, en cualquier caso, los partidos podrán decidir
libremente aplicar el sistema de la «cremallera» en todas sus
candidaturas electorales.
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