Tal y como ha informado la Policía en una nota, se trata de la segunda fase de una operación en la que ya se detuvo a 26 personas de la estructura criminal que vendían derechos reales ilegítimos a solicitantes de ayudas europeas de la política agraria común. La investigación se inició en mayo de 2022 tras recibir una solicitud de información de la Fiscalía Europea delegada en España, tras una denuncia interpuesta por la Junta de Andalucía sobre un presunto fraude de subvenciones.
La investigación policial, en estrecha relación con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesto que, mediante la creación de un entramado empresarial, se hacían llegar a los solicitantes de ayudas PAC la posibilidad de arrendamiento de parcelas para cumplir con los requisitos exigidos en hectáreas y obtener la ayuda solicitada.
Estos derechos de arrendamiento se ejecutaban sobre terrenos cuyos legítimos propietarios no habían cedido derecho real alguno siendo, en todos los casos, desconocedores de su utilización fraudulenta para la obtención de subvenciones por terceros. Los investigadores estiman que podrían haberse beneficiado de fondos europeos a los que no tenían derecho, ocasionando un perjuicio económico de 3,3 millones de euros a la administración.
En este contexto, estos titulares reales, ante el desconocimiento de su uso fraudulento por terceros, expresaban su «sorpresa» al ser ellos los que cultivaban o mantenían esos terrenos. Respecto a otras parcelas, se ha comprobado que se corresponden con terrenos pertenecientes a la Administración central, ubicados en zonas aeroportuarias, zonas militares, o son fincas dedicadas a la producción de energía fotovoltaica con paneles solares en toda su extensión o labradas por sus legítimos propietarios.
Así las cosas, los principales investigados crearon un entramado societario a través de cual celebraban falsos contratos de cesión de uso de parcelas de terceros sin su conocimiento ni consentimiento. Alguna de estas sociedades se encontraba sin actividad y administrada por personas interpuestas o testaferros que desconocían los hechos investigados.
La finalidad era dificultar la inspección de la Administración autonómica, mediante la ocultación del punto de compromiso, impidiendo la trazabilidad del subarriendo de las parcelas con el consentimiento de los legítimos propietarios.
La investigación ha puesto de manifiesto el surgimiento de sociedades o particulares que, a cambio de una compensación económica, ceden el uso de parcelas propias o de terceros para que otros completen las hectáreas necesarias para poder percibir la ayuda PAC.
Muchos de los detenidos en la primera fase de la investigación son beneficiarios, conocedores de que las parcelas subarrendadas no podían ser cedidas para el uso marcado por la normativa europea (zonas aeroportuarias y militares, labradas por sus legítimos propietarios, terrenos con placas fotovoltaicas o sitas en provincias distintas al domicilio del beneficiario), y aún así, utilizaron las referencias inmobiliarias para solicitar una ayuda a la que no tenían derecho.
El presunto responsable de la trama criminal ha sido arrestado junto a su pareja y otra persona más como presuntos responsables de fraude en las subvenciones, falsedad documental y blanqueo de capitales.
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