La acusación particular en el juicio que arranca este lunes contra seis agentes de la Policía Nacional acusados de un delito de allanamiento de morada reclama al jurado popular que enjuiciará los hechos ocurridos en 2021 que valore que «nadie está por encima de ley» por «violar» la Constitución, mucho más «en estos tiempos de inestabilidad política» en alusión a la actual convulsión social por los pactos de Pedro Sánchez.
La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado esta mañana la vista oral por lo sucedido la noche del 21 de marzo de 2021 cuando seis agentes accedieron con un ariete a una vivienda de la calle Lagasca de la capital que celebraba una fiesta ilegal al estar vigentes las restricciones horarios por la pandemia.
Los agentes se enfrentan a cuatro años de cárcel a petición del abogado que defiende, al inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina. El fiscal solicita la absolución de cinco de los policías y entiende que en el caso del jefe de grupo actuó en la creencia de que el acto era legal.
En la primera sesión, las partes procederán a la selección del jurado y a la lectura de los escritos de acusación y defensa. Mañana, tendrá lugar las cuestiones previas y alegatos de las partes, mientras que el miércoles declararán los acusados y testigos.
A su llegada a esta sede judicial, Juan Gonzalo Ospina ha destacado en declaraciones a la prensa que afrontan el juicio con «esperanza» y «bastante ilusión» desde la parte jurídica, ya que ha sido «un camino muy largo» y «un procedimiento duro» con ataques a su persona incluidos.
Para el letrado, es «un triunfo de nuestra democracia llegar hasta aquí y que un jurado popular pueda decidir si existe un delito de allanamiento demorado».
«Hubo tres decisiones judiciales que confirmaron que podrían existir indicios de criminalidad para entender que lo que se realizó fue un acto contra el derecho. Estamos hablando que unos agentes de policía que han estudiado el Código Penal, que han estudiado la Constitución Española y entraron con un ariete en época del Covid en un domicilio», ha recalcado.
Al hilo, ha recalcado que «no hubo orden judicial» ni existió delito que justificara «el derribo de esa puerta, ni flagrancia, ni urgencia, ni proporcionalidad».
«Por tanto, consideramos que estamos ante un presunto delito de allanamiento de morada y confiamos en que el jurado, nueve ciudadanos libres e iguales puedan determinar que somos todos iguales ante la ley, que en este país todos tenemos que cumplirla», ha aseverado.
«Nuestro cliente no busca venganza, simplemente que pidan perdón y que reconozcan que el domicilio es inviolable, que es un derecho fundamental, que es la esencia de nuestra dignidad porque protege nuestra intimidad. Creo que en estos tiempos de inestabilidad política, ahora más que nunca, en estos momentos que vive España, hay que ser contundente para la defensa de nuestros derechos fundamentales», ha apostillado.
Delitos en la vivienda
Frente a ello, el abogado Juan Antonio Frago, que defiende a dos de los agentes, ha defendido que sus clientes actuaron conforme a la legalidad al considerar que se estaban cometiendo varios delitos en el interior de la vivienda.
Esta parte sostiene que los agentes accedieron ante «la desobediencia grave» por la reiteración a la negativa a identificarse hasta en 28 ocasiones.
«Tenemos los ruidos que evidentemente de una manera reiterada, también generan un delito del 325 del Código Penal. Tenemos el móvil inmobiliario, que es básicamente las coacciones reiteradas para evitar el legítimo disfrute del derecho de vivienda de los otros vecinos», ha recalcado.
Además, recuerda que las grabaciones muestran como hay cinco personas que querían salir y fueron retenidas, ya que una persona estaba opositando a abogada del estado y los antecedentes le podrían haber impedido sus aspiraciones.
Inhabilitación
En concreto, la acusación particular reclama cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta durante seis años por un delito de allanamiento de morada y daños. Subsidiariamente, el letrado Juango Ospina solicita una multa de 5.400 euros.
En su escrito, el abogado expone que lo sucedido se produjo sobre las 00.50 horas del 21 de marzo de 2021, en el curso de una intervención policial y a pesar de que no tenían ni el consentimiento de los moradores ni autorización judicial, los agentes de Policía Nacional tiraron la puerta abajo de la vivienda situada en el número 18 de la calle Lagasca de la capital, accediendo a su interior y deteniendo a los moradores.
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