De esta manera, Esports ha tomado la determinación tras conocer a fondo los detalles que refleja la investigación abierta por la Policía Nacional después de la detención semanas atrás de la cúpula de la territorial de boxeo, y ha notificado a las partes su decisión, al encontrar indicios claros de incumplimiento de las funciones delegadas por el Govern a esa federación deportiva. La suspensión cautelar es de efecto inmediato y, desde este momento, y siguiendo la Llei de l'Activitat Física i l'Esport, apoyándose en su artículo 101 j) se tendrá que nombrar a personal interventor y administrador de la territorial de boxeo, y en el caso que fuera conveniente, convocar elecciones a la presidencia, un supuesto que no se contempla en un primer término al estar a unos pocos meses de arrancar el proceso ordinario, en 2024.
La suspensión de funciones del presidente (Jorge Sánchez) y de su junta directiva en la Federación Balear de Boxeo es una consecuencia más de la operación policial desarrollada semanas atrás en Palma, registrándose la sede de la territorial, consecuencia de una intervención realidad anteriormente en una velada pugilística que debía celebrarse en Felanitx. La Policía Nacional apuntó directamente al presidente y el vicepresidente de la FBB, Jorge y Manuel Sánchez, acusándoles de varios delitos, entre los que destaca el de favorecimiento a la inmigración ilegal, al igual que se investigaron las subvenciones recibidas por parte del órgano federativo desde diferentes instituciones públicas de Baleares y el uso que se dio a las mismas, además de otros asuntos como el posible amaño de combates y cambio de tarjetas, entre otros asuntos que siguen investigándose tras declarar diferentes personas vinculadas al ente federativo y a este deporte.
La investigación arrancó a raíz de la información facilitada a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) por una federación deportiva, así como por parte de varios deportistas y personas relacionadas con el mundo del boxeo. Entre otros delitos, a los dirigentes de la Balear, se les acusa de falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida, fraude electoral, estafa o corrupción, habiendo quedado en libertad, con cargos pero sin medidas, tras declarar ante el juez.
El artículo 101 e) de la nueva Llei de l'Activitat Física i l'Esport de les Illes Balears habilita al Govern para «suspender motivadamente de forma cautelar a la persona titular de la presidencia y las otras personasl integrantes de los órganos de gestión y administración en el supuesto de abandono en el cumplimiento de las funciones públicas delegadas», refiere ese punto del texto legal, estando obligado el Govern, como recuerda el punto i) a «a adoptar cualquier medida cautelar que sea necesaria para garantizar el ejercicio de las funciones públicas delegadas». Igualmente, en el caso de aplicarse la suspensión, como se ha dado en la Federación Balear de Boxeo, Esports deberá «nombrar provisionalmente al personal interventor y administrador, como también convocar elecciones cuando se estime oportuno», un extremo este último que no se contempla.
Las partes implicadas ya han recibido la notificación de esta suspensión cautelar de funciones, de la misma manera que el Govern ha trasladado esta contundente decisión a los investigadores policiales y a la propia Federación Española de Boxeo, con la que existe una línea de colaboración desde Esports para intentar reconducir el presente y futuro de una territorial sacudida por un escándalo que ha puesto contra las cuerdas a este deporte en las Islas.
Las diferencias entre el Govern y los gestores de la FBB vivieron también meses atrás un nuevo episodio al prescindir del programa de tecnificación de este deporte, a lo que se une la denuncia e investigación interna por parte de Esports en relación a la presencia de un técnico no autorizado en las instalaciones del CTEIB y la labor de la persona responsable del programa hasta ese momento. En función del desenlace del proceso judicial, los ahora suspendidos cautelarmente se exponen a una inhabilitación que puede ir de un año a perpetua.
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