Madrid avala 24 millones a once municipios para sanear sus deudas con los proveedores

En abril de 2009 el Estado español ofrecía la posibilidad a los ayuntamientos de elaborar un plan de saneamiento a un máximo de seis años vista y, de esta manera, poder pagar y hacer frente a los gastos contraídos con los pequeños proveedores. Pero al parecer no todos los municipios se quisieron adherir al decreto ley 5/2009, al que podían optar todos. Aun así, un total de quince municipios de Baleras, once de ellos de la Part Forana de Mallorca, y el Ajuntament de Palma se espabilaron para hacer sus solicitudes y, de esta manera, han podido pedir créditos para abonar las facturas pendientes de antes del 31 de diciembre de 2008. En total, más de 81 millones de euros para Balears, y 24,2 para la Part Forana.
En la Part Forana son once los ayuntamientos que se han acogido a este decreto y, según pone de manifiesto el alcalde de Algaida, Francesc Miralles, «nos ha sido una herramienta de gran ayuda, nos ha servido para pagar a los pequeños comercios y empresas del pueblo, y ha sido a la vez una inyección de dinero para los ciudadanos en momentos de dificultades económicas». Esta medida, según señalan los responsables municipales del resto de corporaciones, también ha sido muy bien acogida por los pequeños comerciantes.
De todos los municipios, Calvià y Llucmajor son los que han recibido una mayor cuantía, ocho y seis millones de euros, respectivamente, y otros pueblos más pequeños como Selva o Binissalem, proporcionalmente, también tienen una elevada cantidad, ya que el aval para ellos asciende a un millón y 4,2 millones respectivamente. Esta medida sirve a los ayuntamientos para endeudarse con los bancos bajo el aval o la tutela del Estado, y como exigencia tienen que elaborar un plan de saneamiento, y tomar medidas para evitar endeudarse más.
Los alcaldes o regidores de estos municipios, en general, señalan que ésta ha sido una buena oportunidad para solventar su deuda y no acaban de entender cómo no se han sumado todos los municipios de la Isla a esta medida. En este sentido, algunos responsables de Hacienda de ayuntamientos que no se han adherido al decreto al ser consultados por este periódico quisieron quitar valor a esta medida y señalaron que «hay otras alternativas para minimizar los gastos y poder hacer frente a los pagos con los pequeños proveedores».