Imagen aérea de la urbanización de Son Vida. | P. Lozano

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Fin de la aventura. Un juzgado de Palma ha logrado, después de que se iniciara el procedimiento hace algo más de un mes, expulsar al okupa del chalet de los tres millones de euros de Son Vida. El abogado de los legítimos propietarios, Josep Zaforteza, recuperó el dominio del inmueble durante la jornada del lunes y se instalaron nuevas medidas de seguridad para que no volviera a repetirse lo ocurrido.

Tal y como informó en exclusiva Ultima Hora, el joven okupa se instaló en la vivienda hace algo más de un año. Durante una salida nocturna en coche, el ahora desalojado, de 21 años, acabó en la lujosa urbanización. Le llamó la atención un chalet en el que parecía que no había nadie viviendo. Para asegurarse de ello regresó al día siguiente y confirmó su intuición. Poco después, el inmueble, propiedad de un holding empresarial, pasó a ser su morada y ahí ha permanecido hasta hace poco, cuando el procedimiento judicial en su contra le hizo abandonar el inmueble en la lujosa urbanización.

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El encausado fue detenido a primeros de mes, reclamado por el juzgado de Instrucción de Palma por una requisitoria en el proceso de desahucio. Durante semanas intentó evitar ser identificado y comparecer en el juzgado para intentar burlar el procedimiento de desalojo de la propiedad, que se inició a partir de una querella de la propiedad. En ese momento los agentes comprobaron que el mismo arrestado ya fue apresado en agosto robar un poni en el Safari Zoo de sa Coma de Sant Llorenç. La Guardia Civil recuperó al equino en el terreno del chalet de Son Vida. También se vio involucrado en la sustracción de un pitbull a una mujer mientras lo paseaba por la calle Manacor.

Este lunes, agentes de la Policía Local de Palma, junto al abogado de los propietarios del inmueble, acudieron al chalet y el okupa decidió salir poco antes de que le echaran. Instalaron un nuevo sistema de seguridad y esa misma noche saltó a alarma, aunque finalmente no ocurrió nada. Ahora, el okupa todavía tiene que afrontar un procedimiento penal por un delito de usurpación que terminará en un juicio por un delito leve y una posible pena de multa en caso de condena.