«Debo expresar un arrepentimiento por las consecuencias que haya podido tener para José María Rodríguez». Pedro Torres, ingeniero municipal y abogado, testificó ayer en el TSJIB que salió de la cárcel, donde llevaba 63 días preventivo, a raíz de una oferta del entonces fiscal, Miguel Ángel Subirán: le prometió la libertad a cambio de una declaración en contra del exdelegado del Gobierno. En julio de 2016 estaba en preventiva por el cierre de la discoteca de ‘El Ico’, El Cavalli, un local que llevaba tiempo con una orden de clausura. Fue excarcelado una mañana para declarar y, en ese interrogatorio, un abogado hizo preguntas en torno a José María Rodríguez.
Según relató ayer Torres, en ese momento, Subirán pidió hablar en privado con su abogado. Éste, Carlos Portalo, le trasmitió la oferta del fiscal: si por la tarde declaraba en una pieza secreta contra Rodríguez pediría que saliera en libertad. Así ocurrió. Según el testigo, que también ejerce la acusación particular tras ser exonerado en el ‘caso Cursach’, esa declaración fue confeccionada a gusto del entonces fiscal: «Subirán reformulaba las respuestas con el contenido que a él le convenía y me aquieté a esa declaración y a aceptar el relato alterado y magnificado por él».
Algo similar le ocurrió al comisario de la Policía Local, Rafael Estarellas. Según relató ayer, fue detenido por primera vez en la causa en 2015. Estuvo tres días detenido. «Me presentaron ante Penalva y Subirán. Hice mi declaración y cuando terminé, ambos se aproximaron a mí. El juez me dijo que tenía que saber cosas de Álvaro Gijón y José María Rodríguez. Me dijo que si declaraba contra estas dos personas, me sobreseían la causa». Ayer declaró que no lo hizo y vincula esa negativa con su imputación en otras tres causas y sus sucesivas detenciones. Estarellas fue absuelto en el ‘caso Cursach’, en el ‘caso Sonia Vivas’ por falta de pruebas y obtuvo un sobreseimiento libre en otra causa. La defensa de Subirán interrogó al comisario en torno a un episodio en otra declaración, en la que el entonces fiscal y la magistrada hicieron constar en el acta que le había mirado mal.
Otra testigo de ayer, una jurídica del Ajuntament, también afirmó que sus respuestas en un interrogatorio en el ‘caso ORA’ habían sido alteradas por el entonces fisal y no reflejaban sus palabras.
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