El magistrado Miquel Florit, ya jubilado, en el centro de la imagen, junto a su abogado defensor, Josep Zaforteza, en el estrado de la Sección Primera. | Alejandro Sepúlveda

«Olvido consciente y deliberado de un derecho fundamental» o una actuación necesaria ante graves sospechas de delito que afectaban a policías, un juez y un fiscal. El juicio del caso Móviles, ventilado este jueves en once tensas horas en el Tribunal Superior de Justicia, enfrentó al anterior instructor del ‘caso Cursach’, Miquel Florit, la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los medios que le acusan de prevaricación por la incautación de los móviles de dos periodistas.

Florit asumió que los cuatro autos por los que fue juzgado este jueves no estaban «fundamentados debidamente por un olvido». Sin embargo defendió que sí valoró que sus decisiones no afectaron al secreto profesional: «Pensé que era mi deber investigar el delito, que era un delito grave y que debía sucumbir el secreto».

Una de las declaraciones clave fue la del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Explicó que dio el visto bueno a la incautación de los móviles y justificó el porqué de la investigación: «No era una filtración puntual sino que iban dirigidas a atacar al principal investigado, lo que suponía un riesgo a la presunción de inocencia y a un juicio justo».

Dejó claro que Anticorrupción no emprende nunca este tipo de investigaciones pero que, en esta ocasión, había un elemento añadido: las sospechas de la implicación del juez Manuel Penalva y del fiscal Miguel Ángel Subirán. Ante el riesgo de que estas revelaciones de secretos pudieran suponer una nulidad del ‘caso Cursach’, la Fiscalía decidió que interviniera Anticorrupción.

El fiscal Juan Carrau explicó que por eso se le ordenó intervenir. Suya fue la intervención más vehemente a favor de Florit. Explicó que el informe que se filtró incluía la sospecha de la policía de la existencia de un topo en Hacienda y que la filtración hizo inviable esa investigación. El magistrado, muy lacónico en sus respuestas, recordó que recibió el informe y, sin haber tenido tiempo de leerlo, se lo encontró publicado. «Fue la gota que colmó el vaso y me decidió a abrir las diligencias por revelación de secretos», dijo.

Error de Florit

En ese punto, Florit admitió un primer error: la orden para investigar se la envió directamente al Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, los autores del informe y, por tanto, los posibles sospechosos de su filtración. El jefe superior fue alertado por un subinspector y ordenó que investigaran otros dos mandos policiales. Estos fueron quienes solicitaron las medidas que han terminado con el juez en el banquillo. Según relató uno de estos inspectores, primero interrogaron a los agentes de Blanqueo y acotaron los dos periodistas que, según sostienen, tuvieron acceso al informe completo: Blanca Pou, de Europa Press y Kiko Mestre, de Diario de Mallorca. Carrau, Florit y los inspectores coincidieron en que mantuvieron varias reuniones para decidir cómo enfocar la investigación y que, en ellas, se tuvo en cuenta el secreto profesional.

Según este relato, se valoró como la medida menos invasiva para la investigación acceder al listado de llamadas telefónicas de estos dos periodistas. La alternativa era hacer lo mismo pero de todos los agentes de Blanqueo, los funcionarios del Juzgado de Instrucción y de Fiscalía y además, quedarían excluidos Penalva y Subirán, ambos aforados. Así, se decidió optar por lo primero. Carrau declaró que esa medida se consideró que era una intromisión «más leve» y que sólo se accedía al listado de número telefónicos y no a más fuentes de estos periodistas. Ese listado se cruzó con los números de los sospechosos y así se centraron los indicios en torno al inspector de Blanqueo. Dos autos posteriores ampliaron estos rastreos al detectarse más revelaciones de secretos en el juzgado.

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En diciembre de 2018, tras una consulta de Carrau con Luzón en Madrid, se optó por la incautación de los móviles. El juez y el fiscal señalaron que con esa medida sólo se pretendía intervenir los «efectos del delito», no averiguar fuentes que ya se conocían a esas alturas. «Era más fácil ir a los terminales y obtener la prueba como nos obliga la Ley», dijo Carrau.

Con ese auto, los policías fueron a ver a los periodistas. Ahí surge otro de los focos de discusión del juicio. Tanto Mestre como Pou señalan que fueron obligados a entregar los terminales y, en el caso de la segunda más material informático tras llegar los agentes con un auto de entrada y registro en la sede de la agencia. Los policías lo niegan y aseguran que las entregas fueron voluntarias. «No me planteé otra posibilidad más que entregarlo», explicó Mestre: «A lo mejor podría haberme tirado al suelo con el teléfono móvil y enfrentarme a los policías, pero no lo hice», señaló. Pou insistió en que advirtió en varias ocasiones de que la actuación vulneraba su secreto profesional y que no le dieron opción. El primero reclama una indemnización de 30.000 euros: «A mí me ha ocasionado esto un daño tremendo. Se han terminado mis fuentes porque me enfrento al corporativismo».

Acusaciones

Las acusaciones, ejercidas por Diario de Mallorca, Europa Press, Kiko Mestre, Blanca Pou y la Asociación de Medios de Información, sostienen que los autos de Florit suponen «una gravísima actuación de un miembro del poder judicial», en palabras del abogado Nicolás González de Cuéllar.

El letrado repasó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en una decena de sentencias, rechaza que se pueda infringir el secreto profesional de los periodistas para investigar revelaciones de secreto cometidos por funcionario público. «La prevaricación es por el dictado de estos autos en los que no hay ninguna ponderación ni ninguna explicación sobre por qué se invade este derecho», sostuvo el letrado.

Enfrente, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, negó que sea posible una prevaricación porque los autos de Florit no son «descabellados ni injustos». El letrado del acusado, Josep Zaforteza, señaló que no se llevó a cabo una «caza de brujas» y que las sospechas en torno a la instrucción del ‘caso Cursach’ estaban fundadas. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

PALMA.

Numerosos medios locales y nacionales siguieron el juicio del ‘caso Móviles’

Un gran número de medios de comunicación locales y nacionales cubrieron el juicio contra el juez Miquel Florit por el ‘caso Móviles’. Los periodistas más madrugadores llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) una hora y media antes de la vista oral para recoger sus respectivas acreditaciones. Un furgón de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional custodiaba la entrada al edificio judicial, pero los agentes no tuvieron que intervenir en ningún momento porque no hubo incidentes.

Algunos periodistas siguieron el desarrollo del juicio, que se prolongó hasta la noche, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y otros, sobre todo los que trabajan para televisiones y radios, lo hicieron desde la sala de prensa, ubicada en el primer piso.