El Ministerio Público pide inicialmente para cada uno de los acusados la pena de cuatro años de prisión y multa de 2 millones de auros con responsabilidad personal subsidiaria de un año de privación de libertad en caso de impago.
Procede además, según el acusador público, que se acuerde el decomiso definitivo y la consiguiente adjudicación al Estado de los saldos existentes en las cuentas bancarias bloqueadas a nombre de los acusados y, cualesquiera que fueran las transformaciones que hubiesen podido experimentar, de las propiedades inmobiliarias y de los vehículos.
Según el escrito calificador del fiscal, los nueve acusado -cuyas edades oscilan entre los 25 y los 81 años de edad-, actuaron de común acuerdo por lo menos desde 1991 hasta 2001 con el propósito de disimular el ilícito origen de dinero procedente de actividades de tráfico de estupefacientes, y ello mediante la adquisición de propiedades inmobiliarias; de la constitución de depósitos bancarios a plazo; de la apertura de cuentas bancarias en las que se producían ingresos en efectivo, o bien a través de la compra de vehículos.
Así, están identificadas en el sumario fincas rústicas, pisos e inmuebles en Palma de Mallorca -varios de ellos en el hoy transformado entorno de Sa Gerreria y afectadas en su día por expedientes de expropiación de Cort-, en el término municipal de Marratxí y la localidad granadina de Guadix, todas ellas escrituradas en la adquisición.
En el ámbito de las cuentas bancarias a la vista y a plazo, los agentes especializados del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional localizaron y pusieron a disposición judicial todas aquellas en las que figuraban como titulares o como autorizados los acusados, constatando en la mayoría saldos millonarios y, en todo caso, un historial de movimientos según el cual lo habían sido con cantidades todavía mayores.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.