Lotería y Apuestas del Estado

Como ya narró Borges en su relato La lotería en Babilonia, todos los Estados soberanos son muy aficionados a las loterías, apuestas y sorteos, y más aún los Gobiernos democráticos, ya que al igual que en los mercados bursátiles, la labor gubernativa se articula en torno al riesgo, la incertidumbre y el azar, que es el que decide. Como en la física teórica o la vida misma. Apostamos por esto, dicen los gobernantes; nosotros apostamos por esto otro, objeta la oposición. Normal, puesto que han accedido a sus puestos por medio de la lotería electoral. Son ludópatas por obligación y convicción. Y si todos los Estados son firmes partidarios del juego de azar, sobre todo del azar histórico, y se pirran por las estadísticas y el cálculo de probabilidades como en el sombrío lienzo de Cézanne Los jugadores de cartas, el Estado español es en esto un precursor y líder mundial. Loterías y Apuestas del Estado es una empresa pública centenaria bajo la responsabilidad del Gobierno (del Ministerio de Hacienda), para la gestión, explotación y comercialización del azar, que mira por dónde, no sólo ha resistido la constante privatización de lo público de las últimas décadas, sino que es la empresa estatal más rentable, y la Lotería Nacional su nave insignia. ¡Apuestas de titularidad estatal! Y a la gente, el pueblo por así decir, le encanta. Gestión impecable, nunca hay conflictos ni protestas en el sector público de la buena o mala suerte, a diferencia de la ansiedad privatizadora en sanidad, energía o educación. Acuérdense cómo se cantaba, se bailaba y descorchaban botellas de cava hace unos días, y la gente alborozada frente a locales con el vetusto cartel Lotería y Apuestas del Estado. ¡Apuestas del Estado! Por qué me recuerda eso al denostado presidente Sánchez. Ni en Babilonia se veneraba tanto la capacidad decisoria del azar, también llamado antiguamente destino. Y lo que me pregunto desde hace años, es porqué ese exitoso modelo público de lotería y apuestas, que goza de general aceptación, no se extiende al resto de actividades gubernamentales. A las instituciones. No lo acepta la Constitución como forma de acceso al poder, incluido el judicial. Mala suerte, supongo.