Si hasta ahora estábamos acostumbrados a que los disparates provinieran de la bancada de la extrema izquierda –Sumar, Podemos, Més, etc.–, debemos aprestarnos cuanto antes a encajar las ocurrencias populistas de los ultraconservadores, en franco declive de apoyos.
En Balears, el candidato al Congreso Jorge Campos esgrime una y otra vez la devolución de competencias al Estado como solución al derroche que suponen, a su juicio, las autonomías.
Más allá de que Vox jamás gozará –digo bien, jamás– de una mayoría parlamentaria para llevar a cabo la profunda reforma de la estructura orgánica del Estado que supondría ese cambio –aunque dicha pretensión lo sea solo de boquilla–, lo cierto es que la propuesta constituye un despropósito no solo jurídico, sino sobre todo histórico.
Bajo el distorsionado prisma por el que ve Campos, las competencias que mejor se administran en España son aquellas que ejerce el Estado central. Basta ver, como ejemplo, la de Costas, hasta hace bien poco gestionada de forma exclusiva desde un despacho de Madrid. Que les pregunten a los titulares de inmuebles y concesionarios diversos si la gestión ha sido lo brillante que asegura Vox o si, por el contrario, los ciudadanos de Balears llevamos décadas padeciendo la tortura de una necia y codiciosa gestión del litoral por partes de los burócratas de la administración estatal.
Y de la Justicia, ¿qué decir? Según la sesuda tesis del líder de Vox, esta competencia, ejercida por el Estado pese al incumplido mandato estatutario para que la CAIB la asuma, debe ser otra de las muestras en las que veamos claramente lo bien que gestiona la administración central –sea del color que sea– sus competencias en territorios como el nuestro. Y precisamente la Justicia es el ejemplo vivo de lo contrario. Quienes desarrollamos nuestra actividad profesional en el ámbito de los juzgados y tribunales conocemos bien la caótica y miserable gestión del Ministerio de Justicia, que ha llevado a todos los operadores jurídicos a rebelarse contra tanta iniquidad, indolencia e incompetencia. Las comunidades autónomas que asumieron en su día la Justicia, en cambio, no padecen las limitaciones materiales que experimentamos los ciudadanos de Balears. Que les pregunten a los letrados del turno de oficio, a ver qué opinan.
Campos, ajeno a la realidad, propone que, igual que Justicia o Costas, el Estado administre la Educación y la Sanidad. En su ensoñación nostálgica, olvida que cuando esas competencias eran ejercidas por el gobierno central mediante ‘delegaciones provinciales’ la situación y servicios que presentaban nuestros centros sanitarios y docentes eran paupérrimos.
El centroderecha no puede permitirse, en ningún caso, que este discurso extremista y postfranquista permee su acción de gobierno. Afortunadamente, el Partido Popular es el mayor freno a las estulticias políticas de Vox, que la izquierda alienta con la esperanza de que la división del voto conservador le favorezca. Solo en manos de los electores está que eso no suceda.
5 comentarios
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No cabe duda que se pueden dar razones poderosas a favor y en contra del desarrollo autonómico. Es un debate antiguo y universal que no sólo atañe a España sino al mismo origen de los Estados Unidos de América que no en sus orígenes no era más que una confederación de estados independientes sin apenas ningún pegamento que los uniera. Y, por supuesto, depende también de quién administre estas competencias y con qué recursos humanos y económicos se cuentan. Hay autonomías bastante más eficaces y eficientes que otras. A primera vista, no parece que Costas, Justicia o la Administración Periférica del Estado cuenten con los recursos adecuados, al menos al mismo nivel de otros servicios transferidos a las comunidades. Pero tampoco la propia conveniencia de los empleados públicos y funcionarios tiene mayor trascendencia para valorar las bondades de las transferencias: hemos visto como muchos funcionarios de la CAIB querían convertirse en funcionarios de los Consells porque sencillamente cobraban más y tenían mejores condiciones laborales. Así cualquiera. Que España es uno de los Estados más caros de Europa parece evidente de acuerdo con los últimos estudios. Lo de los 17 defensores del pueblo, las 17 sindicaturas de cuentas, los 17 institutos autonómicos de la mujer, los 17 parlamentos regionales, las 17 televisiones públicas (en realidad bastantes más, sólo los catalanes ya tienen varias), los 17 consejos económicos y sociales, los 17 institutos de desarrollo industrial, en definitiva, los 17 reinos de taifas que no son más que la reproducción de la administración central por 17...., sencillamente, no tiene perdón de Dios. Naturalmente, quien se beneficia de todo esto son las élites extractivas: la clase política, los grupos mascota y las clientelas partidarias que pululan en torno a las decenas de miles de políticos. Así como los abogados y letrados que hacen su agosto ante semejante selva normativa. Entre los grandes beneficiarios del sistema autonómico habría que incluir a los diarios, por supuesto, que difícilmente sobrevivirían sin tanta publicidad institucional ni tanta subvención. Basta ver el crecimiento del PIB per capita de Baleares antes y después de haber transferido las competencias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales para demostrar que la autonomía política no ha sido precisamente un potenciador para el crecimiento económico, más bien todo lo contrario, sin que los servicios ofrecidos (educación, sanidad) sean para tirar cohetes. No creo que puedan tratarse estos temas con la frivolidad con los que los trata el siempre brillante por otra parte señor González.
jono estic d'acord amb això que dius: ell sempre ha defensat el PP, no sa dreta. Deu ser que ja no té tan clara sa victòria?
Gràcies al PP vox " governa" a Balears.
Ara el sr. Marc comença a criticar al la dreta que fins ara havia defensat.
Espanya necessita tot lo contrari, lo millor seria llevar el govern central