Carmen TomásPalma15/11/22 0:29
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La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una reforma de las reglas fiscales con la idea de que se apliquen en 2024. Habría sanciones para los incumplidores de los objetivos de deuda y déficit, una senda de gasto público con relación a la deuda de cada Estado con el límite del 60 % del PIB, un tope de déficit público del 3 % del PIB y un plazo máximo de 7 años para su cumplimiento si eres como España un país con una gran deuda y te comprometes a hacer reformas o a invertir en propuestas previamente marcadas por Bruselas. No es extraño, por tanto, que la vicepresidenta Calviño haya saludado con satisfacción este plan. Primero, es más que probable que este gobierno no esté en el poder y segundo, mientras el año 2024 llega podrán seguir haciendo de su capa un sayo. La prueba es la subida por encima de nuestras posibilidades del salario de los empleados públicos y de las pensiones en un 8,5 %.

Es muy decepcionante que el mensaje desde Europa, observando el comportamiento gastador del gobierno de Sánchez y los ratios de deuda y déficit que presenta, sea de unas exigencias tan laxas. Más teniendo en cuenta el caos en la ejecución de los fondos europeos, ya que apenas un 28% del total del dinero recibido ha sido usado y no precisamente bien utilizado. Podía entenderse que durante la pandemia las reglas se suavizaran. Se entiende peor que los plazos de corrección de esos excesos sean tan largos, sobre todo cuando el BCE aún no ha frenado la compra de deuda.

Es obvio que si el PP gana las próximas elecciones generales se va a encontrar con un panorama en las cuentas públicas que sólo tendrá una solución: ir a un presupuesto base cero, limpiando todo el gasto improductivo, que como ya sabemos puede ascender a unos 60.000 millones de euros. Además, tendrá que ir reduciendo la deuda pública para limar los gastos en intereses que cada año provoca el agujero entre ingresos y gastos. Y todo ello en un contexto difícil de prever, pero de crecimientos aún bajos.